G. Romaní18/11/10 0:00
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El conseller d'Urbanisme de Formentera, Bartomeu Escandell, ha afirmado que una de las pruebas más evidentes de que el urbanismo se está llevando a rajatabla es que se está procediendo a tramitar todos los expedientes urbanísticos «a través de servicios técnicos y no políticos» para evitar suspicacias.
De esta manera se refirió a la postura de los partidos de la oposición, PP y GUIF, que se abstienen de forma sistemática en todos los expedientes sancionadores por causas de disciplina urbanística y que en el pleno de finales de octubre volvieron a repetir su actuación en dos nuevos expedientes llevados a pleno.
Uno de ellos se trataba de una obra menor de una vivienda situada en las inmediaciones de Sant Francesc, junto a ses Bardetes, mientras que otro de los expedientes es mucho más complejo. Situado en el Camí de Sant Ferran, en teoría se trata de un expediente abierto a resultas de la denuncia de un vecino por una ampliación ilegal que es de poco menos de 10m2, pero a raíz de esa denuncia se ha detectado una posible infracción urbanística que llegaría a sucesivas ampliaciones con una suma total de hasta casi 300m2.
Documentación
La información de que se dispone, entre ella fotos aéreas desde 1998, muestran el crecimiento de dicha vivienda, con la creación de diversos módulos nuevos que llegarían hasta a tres ampliaciones sucesivas. Sin embargo, parecen existir algunas lagunas documentales de tipo legal o administrativo por las que, de momento, la instrucción está encallada.
Por otro lado, en el pleno de 25 de junio se aprobó el expediente de demolición de una vivienda situada en los alrededores del Mirador, en la subida a la Mola, que ahora se hará efectiva. Se trata de una construcción de 90 metros cuadrados en un terreno de 2.200m2 en zona ANEI y Xarxa Natura 2000 que requiere un mínimo de 100.000m2, por lo que es una construcción ilegalizable.
«La demolición que ejecutaremos subsidiariamente a partir de ya, es la de Casa s'Amagada, ya que los promotores pidieron una prórroga para presentar el proyecto de demolición pero ha pasado tiempo suficiente sin que hayan presentado dicho proyecto, por lo que en breve se les comunicará que el Consell, hará el proyecto de demolición y procederá a ella pasando luego la factura al propietario», dijo Escandell.

Controles más efectivos
Escandell explicó que «pese a que tenemos los medios que tenemos para actuar en disciplina urbanística, con la Policía Local que efectúa trabajo de campo, y un staff técnico y uno jurídico para hacer comprobaciones e inspecciones y tramitar los expedientes si ello fuera necesario, seguimos estando limitados en cuestión de personal».
De todas maneras, Escandell mostró su convencimiento de que en los últimos años no se ha iniciado la construcción de una vivienda de forma ilegal «sí hay obras menores o pequeñas ampliaciones que puedan quedar disimulados, pero a la hora de tramitar denuncias y expedientes, priorizamos los casos en función de la gravedad de los mismos».