El Ayuntamiento de Sant Antoni acordó ayer con el voto en contra de PSOE-ExC presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de sa Coma, aprobada el pasado mes de julio por el Parlament balear. El Consistorio ya había acordado recurrir el decreto Ley de Sa Coma aprobado en marzo, pero ahora, el recurso se dirige directamente a la Ley de la deriva el decreto.
El argumento de Sant Antoni sigue siendo el mismo: que la Ley de sa Coma «vulnera la autonomía municipal». El recurso va dirigido al artículo primero de la Ley, que califica a sa Coma como un ámbito de actuación de carácter supramunicipal, cuyos terrenos están ubicados «en la isla de Eivissa» y que destaca, entre otras cuestiones, que la ejecución de los proyectos que podrá acometer el Consell estarán exentos del control previo municipal de los ayuntamientos afectados territorialmente [Sant Antoni y Santa Eulària], aunque sí podrán emitir informes sobre los mismos.
Según la concejala de Urbanismo, Pepita Costa, este artículo vulnera «gravemente» la autonomía municipal desde el punto de vista territorial, porque no hace referencia a la ubicación del recinto en el municipio de Sant Antoni y porque pide que los cinco ayuntamientos de la isla informen sobre el plan especial que se elaborará para determinar los usos de sa Coma, cuando «Sant Antoni tiene que decir más que los otros municipios, aunque sean infraestructuras supramunicipales». «Y se vulnera gravemente la autonomía financiera porque se suprime el impuesto de construcciones (ICIO) cuando, por ejemplo, el gasoducto ha pagado», destacó Costa. En este sentido, la concejala indicó que la Ley hace un «agravio comparativo» con respecto a otros municipios, porque también trata el tema de los Juzgados de Eivissa, que será «una obra del Ministerio de Justicia, que sí pagará su ICIO y tendrán un informe vinculante del Ayuntamiento».
El sexto municipio
Sin embargo, lo más grave para el equipo de Gobierno es que el nuevo Plan Territorial de Eivissa (PTE) «en ningún momento dice que sa Coma se encuentra en el municipio de Sant Antoni y se habla del recinto como el sexto municipio». «Es decir, que el Ayuntamiento no va a tener nada que decir en el ámbito de sa Coma, es un territorio que pasa a ser gestionado directamente por el Consell, que lo han comprado, es suyo y nos suprimen todas las competencias», destacó.
Según explicó Costa, el recurso debe esperar primero el visto bueno del Consell Consultiu para ser enviado al Tribunal Constitucional. Este organismo deberá emitir «un informe que no será vinculante pero sí importante porque, de alguna forma, determinará si tenemos posibilidad ante el Tribunal Constitucional», detalló.
Además, Costa afirmó que no es una problemática de diferencias políticas y recordó que la Federació d'Entitats Locals (Felib) «con mayoría de alcaldes socialistas» apoyó el recurso. «Es una usurpación que podría sentar un precedente y en el futuro le podría pasar a un ayuntamiento de otro color político», concluyó.
PSOE-ExC acusa al equipo de Gobierno de hacer política con infraestructuras «buenas» para Eivissa
El grupo PSOE-ExC votó en contra del acuerdo para presentar este recurso ante el Constitucional. Cabe destacar que durante su exposición, la concejala Josefa Costa aseguró que el Consistorio «no está en contra de las infraestructuras que se instalarán allí» aunque destacó que deben defender su autonomía y «economía fiscal». En este sentido, la portavoz de la oposición, Laura Carrascosa, aseguró que «es difícil entender si están a favor o en contra» y les acusó de hacer de sa Coma «una cuestión política». «Es una oportunidad de futuro y ustedes están jugando políticamente con infraestructuras que son buenas para Eivissa», destacó Carrascosa. Por ello, afirmó que el proyecto elaborado por el Consell para el recinto es de «interés interinsular» e insistió que el equipo de gobierno «tiene una postura contradictoria» al apoyar las infraestructuras a la vez que presenta un recurso por las competencias.
ZOO PROYECT
PSOE-ExC pide más control sobre esta fiesta
Un debate surgió ayer a raíz de la fiesta Zoo Proyect, debido a que la oposición pidió explicaciones de por qué las «seis o siete denuncias» de los vecinos de ses Païsses contra la fiesta no terminaron en sonometrías. El concejal José Ramón Serra Pilot, explicó que las sonometrías se realizan a raíz de denuncias por escrito y que solamente se hizo una «que no superó los niveles», ya que el resto fueron quejas telefónicas. Laura Carrascosa también les acusó de no tener control sobre el aforo y de «no hacer nada sabiendo que allí se consumen productos tóxicos [estupefacientes]». En este sentido, Pilot pidió a la oposición que si sabe que en la fiesta «se consumen drogas lo denuncie ante la Guardia Civil». Por su parte, el alcalde José Sala indicó que el local tiene licencias y que la cuestión de los aforos «es un problema de toda la isla».
RENUNCIA DE JULIÀN CALDERÓN
Asumirá como concejala Marina Sureda
Durante el pleno de ayer se aceptó la renuncia del ex concejal socialista, Julián Calderón, debido a su implicación en una investigación de pornografía infantil. El pleno aceptó su renuncia y también aprobó la entrada de Marina Sureda en su lugar. Por su parte, Carrascosa deseó a Calderón su imputación «se resuelva lo mejor posible».
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