El PTE no analiza el impacto ambiental que puede tener el alquiler de habitaciones en casas payesas

El PTE permite que este tipo de casas puedan destinar al uso turístico un máximo de dos dormitorios, existentes o de nueva construcción, con un máximo de dos plazas por dormitorio, teniendo que disponer cada habitación de baño integrado. Esto no altera las restricciones que existen sobre las intervenciones arquitectónicas que se pueden realizar en estas edificaciones, pero sí se elimina la obligación de cumplir con la normativa de habitabilidad que se establecía en el PTI aprobado por el PP.

Esta oferta además se entiende como un uso turístico de interés para el modelo territorial, como vía para financiar el mantenimiento de estas viviendas, por lo que no precisa de declaración de interés general, excepto en aquellos casos en los que el planeamiento general lo exija.

En el Plan Territorial del PP se permitía esta posibilidad de alquiler turístico en todas las casas situadas en las zonas protegidas por la Ley de Espacios Naturales (LEN). Ahora la posibilidad se amplía a cualquier propietario de una casa payesa, algo que incrementará el uso turístico del suelo rústico.

El único aumento

En la evaluación ambiental estratégica aseguran que con el nuevo PTE no se producen aumentos de las necesidades de consumo de energía, agua e infraestructuras en suelo rústico por usos turísticos debido a que se disminuyen las posibilidades de crear agroturismos. «Sólo se puede hablar de aumento en el caso de viviendas vacacionales por el hecho de que se permite a más casas que antes», indica la evaluación, que señala que se trata de casas payesas que se alquilan o bien totalmente, o bien por habitaciones.

Para saber qué impacto tiene esta nueva posibilidad en cuanto al aumento de necesidades de consumo de agua o energía, el PTE asegura que se tendría que hacerse un cómputo de las casas payesas anteriores a 1956 con imágenes del vuelo militar americano que se utiliza en estos casos. «Esto queda fuera del abasto de este informe», indica la evaluación ambiental, que indica que es un tipo de uso turístico que no induce a la construcción de infraestructuras. «De todas formas, el aumento real de consumos no se puede ni tan sólo aproximar, ya que se desconoce la situación previa real, es decir, cuántas de estas casas ya están realmente alquiladas en verano», indica la evaluación ambiental.

Los municipios tendrán que gastar más dinero para adaptarse al plan

La evaluación ambiental estratégica reconoce que los municipios que están tramitando actualmente sus planeamientos municipales se verán perjudicados por la modificación del Plan Territorial. «Esto supondrá un problema adicional», indica la evaluación, que considera que se modifican importantes aspectos del plan que harán que los municipios tengan que adaptarse con el consiguiente «retraso y mayor esfuerzo técnico». Asimismo, se prevé que tendrán que desembolsar más dinero para adaptar sus normativas.

De hecho, se dice que en el caso de Santa Eulària y Sant Josep la modificación puede suponer «un retraso importante de la tramitación».

«La modificación afecta a aspectos fundamentales de la gestión y regulación urbanística, supone modificar toda la cartografía y adaptar las memorias y textos normativos», añade la evaluación. Esto contrasta con la opinión que vertió hace escasos días el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, quien dijo que esto sólo afectará a Sant Antoni.

DOS HABITACIONES. Se permite el alquiler de la casa payesa entera o de dos dormitorios, cada uno de ellos con un máximo de dos plazas y un baño integrado. Antes no se permitía esta posibilidad, sólo se dejaba a las casas en territorio afectado por la LEN.

MUNICIPIOS. Los que se verán más afectados por la modificación del PTE son los de Sant Josep y Santa Eulària, que se encuentran ahora en plena tramitación. Tendrá menos efectos en Sant Antoni, donde apenas se ha comenzado, y en Sant Joan, donde ya está casi todo hecho.

MÀS SEGURIDAD. La evaluación ambiental estratégica considera que la modificación del PTE conferirá más seguridad jurídica en la ordenación y enla gestión del territorio a nivel insular.