Los responsables de la gasolinera niegan que ignoraran las alarmas de rotura de los depósitos

Ayer dio inicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa el juicio para dilucidar las responsabilidades por la fuga de miles de litros de combustible del depósito de una gasolinera, ocurrido en 2002, y que mantiene contaminados un buen número de pozos de la zona. La primera sesión de la vista incluyó la declaración de una decena de afectados y de los cuatro acusados, que se enfrentan a penas de cuatro años de prisión.
La primera en testificar fue una de las apoderadas de Hidrotechnik, propietaria de la estación de servicio. M.M.T.M. explicó que, en septiembre de 2008 saltó «una sola vez» la alarma que avisa de una pérdida de presión en la cámara de aire que separaba las dos paredes del depósito número tres, de gasolina 98. Antes de que pudiera llegar una cisterna para llevarse el material, el depósito había quedado vacío. Según explicó, «nunca antes las mediciones diarias no cuadraban», por lo que descartaba que las fugas hubieran sido continuadas, y añadió que, por sus cuentas, el escape fue de unos 2.000 litros de gasolina.
M.M.T.M. negó la acusación de uno de los afectados, quién aseguró que «al ver lo que pasaba fui a hablar con la encargada, que no es una de las que está aquí sentada [en el banquillo] y me dijo que habían tenido que desconectar las alarmas porque estaban parpadeando todo el día y les habían dado la orden de quitarlas».
En cuanto al motivo por el que se volvió a usar el depósito, a pesar de que no se pudo reparar una fuga en la parte exterior, la encargada aseguró que un responsable de la empresa de reparaciones aseguró que instalando un sistema de sondas que alertaría de cualquier pérdida «era más seguro usar ese depósito que otro de doble pared, porque ese estaba reparado y tenía el sistema de alarma más avanzado».
Desconocimiento
En esa misma idea incidió el administrador único de Hidrotechnik, el austriaco H.H.H. Afirmó que del informe que envió la firma que hizo la reparación «lo único que me constaba era que era necesario instalar un sistema de sondas para rellenarlo y, legalmente, ponerlo en funcionamiento». «Hicimos todo lo necesario, cogimos el tanque y lo reparamos; el resto no era necesario cerrarlo», añadió, en referencia a la continuidad del funcionamiento de la estación de servicio hasta que se ordenó su clausura definitiva, en agosto de 2003.
En cuanto a su responsabilidad en la construcción de la gasolinera o en la gestión de la misma, afirmó en varias ocasiones que «entonces apenas hablaba castellano y por eso tenía dos apoderadas». Reconoció que dio «el visto bueno a instalar los tanques y a que fueran de doble pared, pero no decidí qué materiales se usarían», en referencia a que el proyecto contemplaba que fueran de acero y finalmente se instalaron otros de fibra. «En los papeles ponía que eran de acero», reiteró para asegurar que «si se modificó el proyecto, no fue por instrucciones mías».
Por último, la segunda apoderada de la firma (que asegura que abandonó la empresa antes de los hechos) negó tener cualquier implicación con cualquier irregularidad. «Yo sólo era una intermediaria entre la dirección, la empresa que hacía las obras y las administraciones», declaró. En otro momento de su interrogatorio defendió que por sus manos pasó un documento de Industria que avisaba que los depósitos de combustible no eran de acero, sino de fibra, «pero no tengo porqué entender su contenido; no soy técnico».
Por último, respecto a la firma de un seguro con Mapfre que no incluía la cobertura de los gastos por vertido, negó que lo hiciese para ahorrar costes. «Creía que era un seguro normal y corriente, de acuerdo a lo que pide la ley».