Pizarro aporta a la juez un informe externo para justificar la condonación de la deuda a Park Control

El teniente de alcalde de Hacienda de Vila, Santiago Pizarro, y el interventor municipal, declararon ayer como imputados ante la juez Carmen Robles para explicar la condonación de una deuda de 412.000 euros a la empresa que gestiona la zona azul de la ciudad, Park Control 2000.
Tras declarar, Pizarro explicó que el Ayuntamiento encargó un estudio externo que «avala» el informe del interventor municipal, que recomendó al Consistorio en 2007 asumir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), de 412.000 euros, debido a que no se cobraba en el momento de adjudicar la concesión.
El teniente de alcalde explicó que declaró ante la jueza que su «intervención» con respecto al tema de Park Control empezó en junio de 2009 «cuando se detecta que hay unos incumplimientos en los pagos del canon fijo». «Cuando iniciamos el expediente de resolución del contrato, es cuando empiezo a enterarme de cosas que habían sucedido con anterioridad y de las que no tenía absolutamente conocimiento, como era el tema del canon variable», detalló el teniente de alcalde, debido a que en 2007, si bien estaba en el equipo de gobierno, era concejal de Asuntos Sociales.
En este sentido, cabe recordar que la deuda de 412.00 euros fue condonada en concepto del canon variable que la empresa debe pagar por la contrata y que, en 2005 y 2006, no abonó al Ayuntamiento. La compensación por el impuesto se basó en un informe de Intervención de 2007. Asimismo, Park Control también contrajo otra deuda de más 500.000 euros con el Consistorio en concepto de canon fijo, que motivó a principios de año la intervención municipal a la empresa y el inicio de la rescisión del contrato.
El estudio
Según el teniente de alcalde, el informe del interventor está avalado con el estudio externo encargado por el Consistorio que argumenta que en el epígrafe de impuestos del estudio económico financiero de la concesión «venían contemplados 5.000 euros». «Y de 5.000 euros a 412.000 euros hay un desfase tan importante, que se entiende que se ve afectado el equilibrio económico financiero y que hay que restituirlo», explicó. Pizarro indicó que este informe fue realizado por «una persona absolutamente cualificada en Derecho Administrativo» a la que desde Vila se le encarga «gran parte» de las cuestiones sobre contratación.
Por otra parte, Pizarro aseguró que contestó a todo lo que le preguntó la jueza y el abogado del Partido Popular, pero no así a las preguntas de la abogada del denunciante particular ya que muchas de las preguntas fueron declaradas «no pertinentes» por la magistrada. Entre éstas, se incluían preguntas dirigidas a saber si hubo trato de favor por parte de Pizarro hacia la empresa o acerca de la profesionalidad del interventor municipal.
Por último, Pizarro aseguró que espera que el caso «se archive rápidamente» porque, según destacó, «no hay absolutamente nada».
La declaración como imputados por parte de Pizarro y del interventor municipal se debe a la denuncia de un particular, Josep María Molins, y del Partido Popular de Vila que, como acusación popular, sospecha que la condonación de esta deuda puede ser constitutiva de delitos de prevaricación, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.