Alía niega el cobro de 30.000 euros de Ibatur para compensar su dimisión por el Rasputín

El ex gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, negó en policía a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que los 30.000 euros que su empresa privada facturó con el instituto fueran una compensación tras dimitir por el escándalo del Rasputín.
Alía dimitió en julio de 2004 a raíz de él pasara facturas por valor de 300 euros en el local erótico de Moscú al Ibatur. Tras su dimisión comenzó a trabajar en una consultora que recibió tres contratos menores por la empresa pública que ascendieron a 30.000 euros. A lo largo de más de tres horas y media de declaración, Alía defendió que esos contratos correspondieron a trabajos reales, al contrario de lo que sospechan los investigadores, y que no existió ningún tipo de dádiva por su dimisión.
Sobre los contratos fragmentados de Ibatur con varias empresas, señaló que él se limitó a encargar un trabajo al asesor jurídico, Miguel Àngel Bonet y que confiaba en que se realizara de forma legal. De hecho, señaló que él no tiene constancia de ninguna irregularidad y negó haberse lucrado durante su periodo en el Ibatur.
Después de la larga declaración de Alía que terminó a las diez de la noche, los fiscales y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica comenzaron a interrogar a Raimundo Alabern. Éste sucedió a Alía y bajo su gerencia se produjo el grueso de los 127 contratos menores que se creen ilegales. Entre éstos se encuentran los de la empresa de publicidad Clave.
Antes, Felip Ferré, expulsado del PP tras involucrar a la cúpula de Ibatur en el pago de facturas falsas en el 'caso Scala', volvió a adquirir protagonismo al ser llamado para que testificara en la 'operación Pasarela'. Ferré, sobrino político del ex presidente del Govern Jaume Matas, ya había involucrado al ex gerente del Ibatur Raimundo Alabern al declarar que hacía la vista gorda al pago de facturas falsas. En esa acusación, también señaló al ex conseller de Turisme Joan Flaquer. El relato de Ferré incluyó algunas acusaciones directas contra la gestión del Ibatur ya que, según él, «las facturas de la empresa Comarca son falsas ya que el soporte del trabajo lo daba Turespaña» y argumentó que Flaquer y Alabern las aceptaban «porque querían quedar bien con el sobrino del presidente» (él mismo).
Ratificar
Los fiscales anticorrupción le citaron ayer para que se ratificara en esas declaraciones, antes de abordar los interrogatorios a Alabern y Juan Carlos Alía. Ayer, también declararon los dos socios del Grupo Clave detenidos en la operación. De ellos, uno, A. V. quedó en libertad. Su compañero, que declaró durante menos de una hora, asistido por el letrado Josep de Lluis quedó en el calabozo, junto a los tres altos cargos y el responsable de los caterings de las ferias de Ibatur, cuyo contrato se cree que es falso.