Una sentencia anula la protección de sa Graduada como Bien Catalogado

El fallo asegura que por encima de su valor arquitectónico se encuentra el interés general, debido a que este inmueble se destinará a la construcción de los futuros juzgados de Eivissa, en el marco del proyecto de remdelación del centro de la ciudad, Eivissa Centre.

De esta forma, la juez que instruye la causa admite el recurso presentado por la empresa mixta Itusa contra la declaración del edificio como Bien Catalogado, aprobada en la anterior legislatura del PP en el Consell d'Eivissa, en 2006. Asimismo, aunque la sentencia reconoce al edificio cierto valor histórico, decide anular la declaración porque asegura el inmueble no reúne los elementos arquitectónicos significativos que pudieran merecer preferencia frente al interés general concretado en las mejoras previstas en el proyecto de remodelación urbana del centro de la ciudad.

Un condicionante

Al respecto, la consellera balear de Interior y Justicia, Pilar Costa, aseguró haber «tenido noticia» de la sentencia «hoy (ayer) por la mañana», y destacó que, aunque serán el Ayuntamiento, como propietario del solar, y el Ministerio de Justicia, como promotor de la obra, las instituciones que decidirán qué se hará a partir de ahora, indicó que la anulación de la protección de sa Graduada «abre muchas más posibilidades al futuro juzgado de Eivissa».

En este sentido, Costa afirmó que la declaración «era un condicionante» para la construcción de los futuros juzgados porque «no es lo mismo poder disponer del solar en su totalidad que de un bien protegido».

Desde el Consell y desde el Ayuntamiento de Eivissa no hicieron ayer valoraciones debido a que, aunque son las partes implicadas en la causa, aseguraron no haber sido notificados de la sentencia.

Sin embargo, desde el Consell indicaron que de ser cierta la anulación de la protección de sa Graduada, no recurrirán el fallo.

Vila proponía su derribo antes de la declaración

La declaración de antiguo colegio de sa Graduada como Bien Cultural (BC) por parte del gobierno del PP en el Consell en 2006 provocó que el Ayuntamiento de Eivissa, cuyo alcalde era entonces Xico Tarrés, tuviera que modificar el proyecto de remodelación del centro de la ciudad, Eivissa Centre, donde se preveía la demolición total del inmueble para levantar allí los nuevos juzgados y la sede de la dirección insular de la Administración General del Estado. Ese año, la polémica también estuvo servida por los padres de alumnos, que se opusieron al derribo del colegio.