Rosa Estaràs acude, sonriente custodiada por policías, a su cita con el juez.

Rosa Estaràs y Maria Rosa Puig, dos ex conselleras del Govern en la pasada legislatura, atribuyeron al ex presidente Jaume Matas «todas las decisiones» adoptadas en torno a la construcción en 2007 del velódromo Palma Arena, que es objeto de investigación judicial por su sobrecoste excesivo, superior a los 50 millones de euros. Estarás, asimismo, denunció ante el juez que su firma fue falsificada en varias actas y contratos.
En sus respectivas declaraciones realizadas en calidad de testigos ante el juez instructor del 'caso Palma Arena', en una jornada maratoniana, Estaràs y Puig respondieron a todas las preguntas formulada por el magistrado José Castro, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, y los abogados personados. También estaba previsto que declarara el diputado del PP y ex conseller de Turisme Joan Flaquer, pero su cita se aplazó hasta hoy por la larga duración de las testificales de Estaràs y Puig.
La ex vicepresidenta del Govern inició su declaración afirmando que «la construcción del velódromo fue una propuesta del presidente, que se aprobó por unanimidad en el Consell de Govern en el año 2005, y cuya «necesidad y urgencia» surgió a raíz de que se le concede a Palma la organización del campeonato mundial de ciclismo en pista. «Fue (construir el Palma Arena) una decisión política», resumió.
Decisiones
Estaràs insistió en que la decisión de encargar la gestión de la construcción del recinto deportivo a la Fundació Illesport, y en concreto al entonces director general de Esports, José Luis «Pepote» Ballester, «fue del presidente».
Cuando le enseñaron las actas de las reuniones de Illesport donde aparece su firma, la eurodiputada negó que hubiese estampado su rúbrica en esos documentos, y también, rechazó de manera rotunda que hubiera asistido a las reuniones.
«Se ha pretendido hacer una imitación con ligereza», dijo Estaràs, a lo cual, el juez le indicó que un perito podía dictaminar si existen diferencias con la firma que aparece en su documento nacional de identidad.
En otras actas, donde sí reconoció su rúbrica, Estaràs explicó que «preguntaba si había pasado los controles (el documento) y que firmaba donde le ponían un 'posting' sin leerlo ya que su competencia estaba delegada por el presidente». Dijo que la construcción del velódromo «era un tema prioritario para el presidente» y que sólo a través de los medios de comunicación se enteró de que existía una comisión ejecutiva y que desconoce cuándo fue creada, con qué competencias y si se reunían o no».
IB3 también fue Matas
La ex vicepresidenta también fue preguntada por el ente público IB3, y dijo que la decisión de encargar un estudio sobre su implantación fue «del presidente y de la entonces jefa de gabinete y después directora de ese medio de comunicación María Umbert. «Yo lo único que hice fue firmar el contrato porque entendía que todo era correcto», afirmó. Explicó, asimismo, que 'Pepote' Ballester «despachaba frecuentemente con el presidente y que tenía una facultad que normalmente no tenían los directores generales y que era despachar directamente con él».
Dijo que no conocía Jorge Moisés -imputado en la causa- y que tampoco quién era el responsable de la campaña del PP de Palma. Explicó que fue Fernando Areal -cuñado de Matas y ex gerente del PP- el que autorizaba los gastos. También insistió en que no sabía «nada» de un gasto de 160.000 euros de Nimbus, que se hubiera fraccionado entre 14 sociedades y dijo que ella no había autorizado ese pago. Estaràs finalizó su declaración afirmando que no le extrañó el sobrecoste del velódromo porque «es algo habitual en las obras públicas y son los técnicos quienes dirán si están justificados o no».
María Rosa Puig, por su parte, afirmó que era miembro del consorcio (de construcción del Palma Arena), pero que «nunca» asistió a ninguna reunión y que desconocía quién tomaba las decisiones. «La construcción del velódromo fue una propuesta del presidente que se aprobó en 2005 y en la que expuso (Matas) las razones de la obra con vistas a un campeonato del mundo de ciclismo, pero en el que no se produjo ningún debate sobre la oportunidad de la obra, su coste y la escasez de tiempo para llevarlo a cabo».