El Govern balear extrema el control del gasto público con un nuevo proyecto de ley

Un proyecto de ley de la Conselleria d'Hisenda, que está siendo discutido por los partidos que forman el Ejecutivo para su posterior envío al Parlament, refuerza de una manera drástica, y sin precedentes en otras comunidades autónomas, los controles económicos del gasto público y los extiende a las empresas públicas y consorcios obligando a auditorías constantes y a filtros en los pagos y contrataciones que, en último extremo, estarán sujetos al control del titular del departamento de Hisenda.

Se trata del proyecto de Ley de sector público e instrumental de la Comunitat Autónoma en cuya redacción ha trabajado también la Conselleria de Presidència. Esta ley da pie, en una de sus disposiciones adicionales a una reconversión total de los entes públicos (empresas, sociedades instrumentales y consorcios) y a «recortarlo y simplificarlo» en aras de la «eficacia y la eficiencia en la gestión».

El conseller d'Hisenda, Carles Manera y el de Presidència, Albert Moragues, han recibido del president Antich el encargo de poner en marcha el proceso de 'adelgazamiento' de la Administración, que ya ha empezado a concretarse esta misma semana con la supresión de una dirección general, la de Proyectos, y el anuncio de la consellera Joana Barceló de que se irán suprimiendo más departamentos en el futuro.