Un proyecto de ley de la Conselleria d'Hisenda, que está siendo discutido por los partidos que forman el Ejecutivo para su posterior envío al Parlament, refuerza de una manera drástica, y sin precedentes en otras comunidades autónomas, los controles económicos del gasto público y los extiende a las empresas públicas y consorcios obligando a auditorías constantes y a filtros en los pagos y contrataciones que, en último extremo, estarán sujetos al control del titular del departamento de Hisenda.
Se trata del proyecto de Ley de sector público e instrumental de la Comunitat Autónoma en cuya redacción ha trabajado también la Conselleria de Presidència. Esta ley da pie, en una de sus disposiciones adicionales a una reconversión total de los entes públicos (empresas, sociedades instrumentales y consorcios) y a «recortarlo y simplificarlo» en aras de la «eficacia y la eficiencia en la gestión».
El conseller d'Hisenda, Carles Manera y el de Presidència, Albert Moragues, han recibido del president Antich el encargo de poner en marcha el proceso de 'adelgazamiento' de la Administración, que ya ha empezado a concretarse esta misma semana con la supresión de una dirección general, la de Proyectos, y el anuncio de la consellera Joana Barceló de que se irán suprimiendo más departamentos en el futuro.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.