El Consell d'Eivissa aprobó ayer el informe definitivo sobre la ampliación del aeropuerto, en el que pide a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que reduzca al máximo las afecciones sobre el parque natural de ses Salines.

Según el Consell, la nueva franja de seguridad que quiere establecer AENA «excede lo estrictamente necesario» y produce «graves y e innecesarias afecciones» en el parque natural, por lo que piden que se mantenga la delimitación actual. También consideran que la ampliación de esta franja no cumple con los criterios contemplados en el Plan Territorial Insular (PTI).

Desde el Consell recuerdan asimismo a AENA que tendría que salvar la torre de Can Toni Rei, que está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), ya que los planos contemplan su destrucción. También piden que no se expropien los terrenos del sur del aeropuerto que cuenten con viviendas o explotaciones agrícolas. Desde el Consell recuerdan que la ampliación de la franja de la pista actual haría inviables las plantaciones de viña y olivos que hay al sur del aeropuerto ya que se expropiarían la mayor parte de las infraestructuras de riego.

Pure Platinum

El Consell también pide en su informe que se preserve el conjunto de edificaciones conocido como sa Torre Blanca, donde está situado el establecimiento Pure Platinum y cuya declaración como Bien Catalogado se está tramitando.

En cuanto a la zona norte del aeropuerto, la que coincide con las naves industriales, el Consell pide que se estudien los impactos de carácter socioeconómico provocados por la expropiación de terrenos en la zona de servicio propuesta por AENA. En este sentido, la institución pide que se reduzca su ámbito para cumplir con el PTI.

AENA

La consellera Marga Torres aseguró ayer que han tenido reuniones con el director del aeropuerto y responsables de AENA en las que les han asegurado que algunas de las alegaciones del Consell se tendrán en cuenta. En concreto, desde AENA les han dicho que minimizarán el impacto en el parque natural y no ampliarán en 60 metros la actual franja. El Consell pide que esa línea se quede tal y como está ahora, pero desde AENA sí que les han matizado que habrá que ampliar en algunos puntos por cuestiones de seguridad.

En cuanto a la zona norte se tendrán en cuenta las peticiones que hicieron Consell y Ayuntamiento de Sant Josep respecto a salvar el máximo de edificaciones. «No pienso que afecte directamente a la zona industrial; lo que sí está en peligro es el conjunto de la Torre Blanca», concluyó Torres.

E.PRESS

La portavoz del Govern, Joana Barceló, insistió ayer en que el Ejecutivo balear «descarta» una subida de los impuestos en Balears para afrontar la caída de los ingresos en 1.000 millones de euros, en relación a 2008, lo que supondrá una disminución de los Presupuestos de la Comunidad para 2010, que podría rondar los 500 millones.

Tras la reunión del Consell de Govern, Barceló recordó que los presupuestos del próximo año «aún no están cerrados», ya que los socios del Ejecutivo están manteniendo reuniones para acordar una disminución del gasto corriente en todas las Consellerias y una revisión de todos los programas de gestión.

Pese a ello, reiteró que en Balears «no se subirán los impuestos», más allá del incremento que se pueda producir a nivel estatal, teniendo en cuenta que el presidente del Ejecutivo central señaló ayer que se está planteando subir los impuestos indirectos, como el IVA, así como los impuestos especiales sobre el alcohol, la gasolina y el tabaco.

El Consell adjudicó ayer provisionalmente las obras de la guardería de Sant Agustí a la Unión Temporal de Empresas (UTE) EOC de Obras y Servicios SA y Illenca, Empresa Constructora d'Obres i Serveis por un importe de un millón de euros. La guardería tendrá una capacidad para 74 alumnos y la duración de las obras será de nueve meses. Los trabajos comenzarán antes de final de año. Ocho empresas optan a ejecutar los proyectos de las guarderías de Can Coix y Can Cantó, que serán las próximas en ser adjudicadas. En el Consell executiu de ayer también se aprobaron ayudas de 18.500 euros para combatir la plaga de la polilla del tomate y 3.500 para la mosca de la fruta.