Dos meses después de presentada la denuncia por parte de la Cambra de Comerç de las Pitiüses por una presunta prevaricación, el director general de Comerç del Govern, Pere Trías, debía comparecer hoy ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma para explicar al magistrado su intervención dentro del proceso de separación de la entidad cameral de Eivissa y Formentera de la de Mallorca. Pero esta declaración de Trías como acusado, no como imputado, ha quedado aplazada sin fecha para su celebración.
El motivo de esta suspensión es que la Conselleria de Comerç no presentó en el tribunal hasta el martes por la tarde la documentación que se le había requerido, explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
El magistrado había requerido el expediente completo del proceso administrativo para conocer todos los pasos que se habían seguido y poder así tener una primera impresión sobre el fundamento de la denuncia presentada por la Cambra y, si fuese preciso, preparar las cuestiones a las que debería responder Trías.
Recurso de la Conselleria
Dentro del proceso judicial iniciado con la presentación de la denuncia el 30 de marzo pasado, todavía está pendiente el recurso de reforma que presentó la Conselleria de Comerç contra el auto de admisión de la querella. Desde el TSJB explicaron que el juez ha dado traslado al fiscal de las alegaciones del Govern para que se pronuncie sobre el mismo antes de emitir un dictamen definitivo.
Fuentes camerales añadieron que en el mismo recurso, la conselleria trata de conseguir que se anule la admisión de la denuncia basándose en que la Cambra de las Pitiüses no especifica si actúa como acusación particular (perjudicado directamente) o como acusación popular (puede ser ejercida por cualquier ciudadano).
Por otro lado, desde la Cambra de Comerç pitiusa apuntaron que su homóloga mallorquina ya se ha puesto en contacto con ellos para determinar la vía en que se debe realizar el traspaso del algo más de millón de euros que debe entregarles fruto de la orden de la consellera Francesca Vives que determinaba que a la entidad de Eivissa y Formentera le correspondía, tras la escisión de ambas corporaciones, la propiedad de los locales que ya ocupa y de alrededor de 1,4 millones.
La presentación de una querella contra la consellera de Comerç, Francesca Vives, por favorecer a Mallorca en el proceso de escisión de las entidades camerales, sigue los pasos previstos para su formalización, la cual se concretará en lo que queda de semana, según apuntaron fuentes de la Cambra.
El presidente de la corporación, Joan Tur Ripoll, ya ha recibido los poderes notariales que le facultan para firmar como representante de la Cambra, que ejercerá la acusación particular. Ahora sólo falta cumplimentar los últimos detalles del documento y enviarlo a Palma para que sea presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears dada la condición de aforada (grado de protección jurídica especial para determinados cargos públicos) de Vives al ser diputada autonómica y consellera del Govern.
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