Como tantas otras instancias, la delegación en Eivissa del Colegio de Abogados de Balears espera con impaciencia el traspaso de las competencias de Justicia de Madrid a Palma para exigir más medios, es decir, más abogados para las guardias, porque ahora son sólo dos -tres en verano, del 15 de junio al 15 de septiembre- y hay días en los que no dan abasto. «No son suficientes dos para todo el año y tres para el verano. La población ha crecido mucho en la isla y contamos con los mismos abogados que hace quince años. Habría que reivindicar al Ministerio de Justicia y después [a Palma] cuando ya se haya realizado el traspaso de la competencias. En realidad ya lo hemos hecho, pero nos dicen que no hay dotación económica», explica Cristina Tur, delegada en Eivissa del Colegio de Abogados de Balears, que aglutina a más de 200 letrados de las Pitiüses.
Tur se refiere a los abogados que hacen guardias en los dos primeros grupos de turno de oficio, que se encargan de todos los asuntos penales, incluidos los de violencia de género y asistencia letrada. «El problema es que si un abogado debe acudir a la Comisaría y otro a la Guardia Civil, pues faltan abogados para atender a los casos que ya estén en los Juzgados, es decir, se retrasa de esta forma el turno de guardia de los Juzgados y, si no, el de Comisaría o el de la Guardia Civil», lamenta Tur. El problema se agrava mucho más cuando algunos de los dos o tres abogados del turno de oficio de Penal debe acudir a Formentera.
Más dinero por guardia
Las guardias que realizan los dos o tres abogados del turno de oficio de Penal y Violencia de Género son de 24 horas, de 9,30 a 9,30, y las paga el Ministerio de Justicia, al igual que el procedimiento judicial si el detenido es procesado y se ha confirmado que tiene derecho a la justicia gratuita. Los abogados del turno de oficio cobran 114 euros brutos por cada guardia de 24 horas. En total son 30 los abogados apuntados al turno de oficio de penal y diez más al de violencia de género. El coste corre a cargo del Ministerio de Justicia siempre que se acredite que el detenido o procesado tiene derecho a la justicia gratuita. «El dinero se cobra con retraso, aunque ahora ya no excesivo, antes sí había grandes retrasos. Ahora estamos cobrando el último trimestre de 2008», apunta la delegada ibicenca del Colegio.
Dependencias
A la reivindicación de más abogados para los turnos de oficio de Penal y Violencia de Género hay sumar la de más dinero por guardia y que «en el edificio judicial hubiera unas dependencias adecuadas [para que los abogados desarrollen su trabajo en ella]», puntualiza Tur. Los abogados no cuentan con ninguna sala para las guardias. El turno de oficio se organiza con dos o tres teléfonos móviles, según la época del año, es decir, si es temporada o no, y los letrados esperan las llamadas de los Juzgados, la Comisaría o la Guardia Civil.
Quien desee un abogado de oficio por asuntos civiles (28 letrados en los turnos de oficio), laborales (3) o de menores de edad (13) debe tramitar la justicia gratuita, que se hace en la sede del Colegio de la calle Aragón a través del Servicio de Orientación Jurídica. En un primer examen se designa abogado o se deniega la solicitud. Se puede apelar a la Comisión de Asistencia Jurídica, que ratificará o rectificará la decisión inicial. Después, en su caso, también se recurrir en el plazo de cinco días ante el Juzgado que corresponda. Los detenidos por asuntos penales o violencia doméstica siempre tienen derecho, si lo desean, a que un abogado del turno de oficio les visite en los calabozos o juzgados en un plazo no superior a ocho horas desde la detención.
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