En el pleno del Consell de Formentera celebrado ayer por la tarde se aprobaron la ordenanza fiscal de aparcamiento y el reglamento de estacionamientos en el Parc Natural de Ses Salines, que afecta básicamente a la zona de Illetes, y supondrá una multa de 1.500? para quienes aparquen en sitios no habilitados o lugares prohibidos. Ambos puntos del orden del día fueron los que generaron más polémica y PP y GUIF, en la oposición, votaron en contra de las medidas adoptadas.

La consellera de Medi Ambient, Silvia Tur, y el responsable de Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, defendieron ordenanza y reglamento, señalando en ambos casos que por un lugar los servicios jurídicos aconsejaban dichas medidas y que por otro la Demarcación de Costas había autorizado al Consell a intervenir de la forma necesaria para proteger un espacio de altísimo valor ecológico, como subrayó Tur. Para el PP «es escandaloso que una infracción grave pueda ser sancionada con 1.500? -dijo el portavoz, Juanma Costa-, y si le sucede a un turista provocará escándalo en los medios de su país con el consiguiente descrédito hacia Formentera». Tur defendió que todas las medidas se orientan en dos direcciones, la preservación y conservación del Parc Natural y la garantía de acceso al mismo, y en todo momento, de los servicios de emergencia.

Para Costa es una medida nada adecuada en el momento actual y sobre todo si se añade a la reducción de fondeos de cara a 2010. «Estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado», sentenció. El GUIF argumentó que bastante caro era llegar a Formentera, que estaba ofreciendo una relación calidad/precio no muy alta, «y los turistas son los que nos vienen a dar de comer», dijo Mari Mar Cardona.

La delegación para los reconocimientos extrajudiciales de créditos también enfrentó a gobierno y oposición, pese a que ésta reconoció que en la actual crisis era imprescindible pagar a proveedores para que tengan liquidez.

La última moción presentada ayer por la oposición, que tras el debate fue retirada, hacía referencia a la solicitud del PP de que el Consell se hiciera cargo de los gastos suplementarios que había supuesto a los jubilados de Formentera el viaje a Menorca dentro del Pla Oci 60, ya que habían tenido que costearse el traslado hasta Mallorca desde Eivissa y el regreso. La consellera de Benestar Social, Margalida Font, fue muy clara al explicar que los jubilados afectados no formaban parte del cupo correspondiente a Formentera, que ya estaba agotado, y que se habían apuntado a plazas sobrantes del cupo de Mallorca. No obstante Font explicó que desde noviembre se había negociado con el Govern y leyó una carta recibida la semana pasada en la se garantizaba que a partir de este año el cupo de viajes para Formentera se ampliaría a 100 plazas y se incluiría incluso el desplazamiento en barco entre las Pitiüses. Aunque la cifra de 7.200? que reclaman los jubilados es pequeña, Font defendió que debe ser el Govern el que se haga cargo de los gastos adicionales para que Formentera no sufra un agravio comparativo con el resto de las islas.