C. Roig31/03/09 0:00
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José María Roig Vich, que era asesor jurídico en el Ayuntamiento de Santa Eulària cuando se aprobó ses Torres, reconoció ayer ante la juez que cuando el TSJ consideró nulo el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de Santa Eulària tuvieron «un problemón». Según explicó Roig Vich, la sentencia no anulaba el PDSU en su fallo y simplemente lo decía en un fundamento jurídico. «Ojalá se hubiera anulado», indicó el asesor, que aseguró que la sentencia se refería a una licencia y por eso él entendió que no afectaba al PDSU. Por ello, aconsejó en un informe al equipo de gobierno que continuara adelante con la aplicación del plan, porque de lo contrario se podrían derivar reclamaciones por daños y perjuicios «peores que los de la casa Cretu».

Por esta razón que aplicaron el PDSU para aprobar ses Torres, pese a que en esta normativa el suelo era urbano y, en cambio, en el antiguo PGOU era urbanizable. De todas formas, Roig Vich citó una sentencia en la que una jueza de lo contencioso da la razón al Ayuntamiento y dice que el permiso de ses Torres está bien otorgado. Además, recordó que él no era quién para opinar sobre si el PDSU se extralimitaba o no y recordó que esta normativa fue aprobada también por la Comisión de Urbanismo y no fue impugnada por nadie.

Respecto a los requerimientos del Consell para que suspendieran el PDSU, Roig Vich explicó que eran «política pura» y que no podían hacerlo por las indemnizaciones. Además, recordó que en ese momento se comenzaron contactos con el gobierno de Pilar Costa para hacer una nueva normativa, algo que no dio tiempo y que finalmente se hizo con el gobierno de Pere Palau.

La declaración de Roig Vich, que comparecía como acusado, contrasta con la que hizo el ex asesor jurídico del Consell, Àngel Navarro, quien emitió un informe para que no se aplicara más el PDSU tras la sentencia del TSJ. Además, recordó que los informes de las DOT también reconocían el «planeamiento irregular» de Santa Eulària.

Navarro cree que una herramienta como un PDSU no puede cambiar la clasificación de un suelo, como sí hacía el de Santa Eulària, al que se refirió como «manifiestamente ilegal». Sin embargo, en su día no recomendó suspender el planeamiento e indicó que primero se optó por los requerimientos.

La ex arquitecta municipal Raquel García Palerm defendió que no hizo ningún informe favorable, sino que remarcaba que había unos viales que no se podían hacer y que efectivamente no se hicieron.