Justicia estudiará con las autonomías la equiparación retributiva de los funcionarios

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los representantes de diez de las once comunidades autónomas que cuentan con competencias en esta materia se comprometieron ayer a estudiar en el futuro la equiparación retributiva de todos los funcionarios, medida que, según explicó el representante del Ejecutivo central, «está en el horizonte».

Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia, a la que asistieron todos los ejecutivos autonómicos convocados salvo el del País Vasco, Bermejo señaló que la comisión técnica de este organismo elaborará «un examen de situación» sobre los sueldos que perciben actualmente los funcionarios de todas las regiones para «conocer el grado de asimetría entre las diferentes comunidades y ver cómo afecta a la administración de Justicia».

«Es necesario saber qué nos une y qué nos separa para intentar que las diferencias de escalones no se traduzcan en algo negativo para la Administración de Justicia», señaló el ministro, quien reiteró hasta en dos ocasiones que la Conferencia Sectorial no acordó ayer «homogeneizar los sueldos» sino «poner al común» las diferencias salariales entre unas comunidades y otras.

Mosaico retributivo

Bermejo, que no detalló si correspondería al Estado o a las comunidades autónomas sufragar la mejora salarial de los funcionarios peor pagados, consideró «imprescindible» que todas las administraciones implicadas «conozcan con detalle» el actual «mosaico retributivo», como «primer paso» para acometer la equiparación «dentro de las competencias de cada uno».

En este sentido, defendió que el actual modelo puede provocar «anomalías de funcionamiento» en el sistema como que «el flujo de funcionarios sea excesivo» hacia las comunidades que ofrezcan mejores condiciones salariales a sus empleados.

Las diferencias salariales entre comunidades autónomas provocaron entre febrero y abril pasado una huelga indefinida a la que fueron convocados los 9.500 trabajadores dependientes del Ministerio de Justicia, entre los que se encontraban los de las comunidades autónomas con competencias no transferidas (Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Balears y Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).