Los ayuntamientos pondrán freno al vertido ilegal de residuos de obra con el pago de una fianza

El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, explicó que la ordenanza será igual para todos los consistorios y recalcó que no se trata de una nueva tasa. «Con la solicitud de licencia la ley obliga a que venga un estudio de los residuos que se generarán; en función de eso el constructor o el promotor depositarán una fianza según el volumen previsto de residuos», detalló Marí, que matizó que esto también servirá para las obras menores, donde confían en encontrar una fórmula ágil para poder hacer lo mismo.

Evitar impactos

Una vez finalizados los trabajos de construcción, el promotor deberá entregar los recibos que justifiquen que lo ha llevado a un vertedero autorizado. «Es una forma de evitar los impactos visuales que generan los residuos vertidos de forma indiscriminada e irregular, además de poder dar valor a estos residuos, ya que muchos se pueden reciclar, y evitar que toda esta basura quede debajo de feixes o en torrentes dentro de los bosques», añadió el primer edil de Santa Eulària.

Por ahora todavía no se ha delimitado el precio que deberán pagar los promotores de obras, aunque sí que se ha decidido que se cobrará en función del volumen de residuos. En los próximos meses los ayuntamientos trabajarán en una propuesta, de la que ya hay un borrador, y para el próximo Consell d'Alcaldes es probable que ya haya una ordenanza redactada. «A ver si el año que viene se puede aplicar porque es una cuestión prioritaria que nos afecta a todos», añadió Marí.

Dentro de la propuesta también se incluye que determinados municipios asuman en mayor proporción que el resto los costes de esta gestión de los residuos.

Dos canteras de la isla, la de Cala Tarida y la de Santa Bàrbara, están siendo rellenadas con material de obra procedente de la construcción.