El PP no logró ayer el apoyo del resto de partidos para que el Govern realice las gestiones necesarias con editoriales y centros educativos para que los libros de texto editados en catalán «se adapten» a las modalidades insulares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

El PP sostiene que estas modalidades insulares son un «símbolo de la identidad» de la comunidad y forman parte de la «riqueza y el patrimonio cultural y lingüístico». El diputado popular Pere Palau recordó que el catalán es, según recoge el Estatut d'Autonomia, un «elemento vertebrador», si bien los libros de texto «no reflejan» la riqueza de las referidas modalidades lingüísticas y se quejó de que los alumnos pitiusos estudien en libros en valenciano y que los mallorquines utilicen textos en barceloní.

La diputada de Eivissa pel Canvi, Esperança Marí, no supo si atribuir esta propuesta al «cansancio mental y psicológico» del final de periodo de sesiones o a la «mala intención a conciencia» del PP. Marí calificó de «surrealista» esta iniciativa porque, por ejemplo, también habría que hacer libros de texto diferentes para los alumnos de Palma o los de Pollença. «En la reducción al absurdo», prosiguió la diputada, que indicó que de esta forma el Gobierno español debería adaptar los libros en castellano al andaluz, al cheli, al panocho o al maragato, en alusión al peculiar uso del español en las distintas comunidades autónomas. «El PP moderado y centrado que convendría a nuestra sociedad no existe», lamentó la parlamentaria.

La diputada socialista Cristina Rita indicó que se trata de una iniciativa que pretende impulsar una polémica «inacabable, estéril y falsa» porque no existe ningún problema social sobre los libros de texto.

Palau lamentó la «falta de coherencia» de los partidos que apoyan la gestión del Govern, porque en septiembre de 2007 se aprobó una iniciativa para fomentar el uso de las diferentes modalidades lingüísticas en la programación de IB3, por lo que la misma debe tener continuidad en las aulas.

La consellera d'Interior, María Àngeles Leciñena, anunció un próximo decreto que regulará el uso del catalán en la Administración autonómica, que exigirá aprender en dos años esa lengua a los funcionarios que vayan a Balears desde otras comunidades o que pasen a otro puesto dentro de las islas. Leciñena apuntó que la nueva norma asume las modificaciones requeridas por el TSJB. El decreto incluye dos nuevos puntos: el citado del personal de promoción interna y otro referido a la exigencia del catalán para los procesos de selección de todas las entidades que forman parte de la Administración autonómica. Este decreto supondrá «un gran esfuerzo formativo por el Govern», que está organizando cursos de catalán en cada isla en horario laboral.