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El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, explicó que estarán «vigilantes» para que se cumpla la norma, aunque cree que no se producirán movimientos por parte de promotores y ayuntamientos. «Como diría Sandra Mayans, no pongo la mano en el fuego, pero lo que sí podremos hacer ahora desde el Consell es precintar las obras directamente si se construyera en Benirràs, algo que no podíamos hacer antes», explicó Ramon, que indicó que a partir de ahora se abre un periodo de un mes para presentar alegaciones. Lo único que podría modificarse de la norma durante este periodo de alegaciones es lo que respecta a Na Xemena e Illa Blanca, dos espacios en los que las nuevas normas de Sant Joan dejaban construir y sobre los que ahora pesa la moratoria. «Pronto habrá una resolución de la comisión balear de medio ambiente que nos dirá si se puede construir o no allí y en todo caso se podría modificar este aspecto de la norma si dijeran que sí se puede construir», explicó Ramon.

El conseller también detalló que pronto se constituirá el consorcio de reconversión territorial con los ayuntamientos que decidirá dónde reubicar los derechos urbanísticos de Benirràs o Roca Llisa. En el Govern ya cuentan con un borrador de los estatutos y Ramon se mostró esperanzado ante la idea de que los ayuntamientos participen. Sin embargo, el alcalde de Santa Eulària explicó ayer que no tiene «ningunas ganas» de participar. «¿Cómo rayos quieren compensar a los propietarios? Se les tienen que dar suelos en otro lugar, pero yo no tengo dentro del municipio», explicó Vicent Marí, que no quiere que les involucren en según que cosas y se teme que al final les harán pagar.