El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) acusó ayer al empresario hotelero Fernando Ferré de tener ocupados en sus empresas a unos 300 trabajadores extranjeros a quienes supuestamente ofrece sueldos de miseria, condiciones de trabajo abusivas y condiciones de alojamiento que no cumplen los mínimos criterios de salubridad o seguridad. Hasta ahora, tanto Comisiones como UGT han podido constatar cerca de medio centenar de casos y el primero de los sindicatos denunciará el caso ante la Inspección de Trabajo una vez tenga una traducción oficial del contrato puesto que está en checo.
Las organizaciones sindicales han recogido casos de este tipo de abusos laborales en los hoteles Costa Sur, de Cala de Bou, en el Nautilus de Sant Antoni, y en el Mare Nostrum de Talamanca, aunque aseguraron que hay trabajadores en esta misma circunstancia en muchos de los hoteles «y, además, a los que contratan los van moviendo cada día de un hotel a otro», explicó un delegado sindical de Comisiones.
El secretario de Organización del sindicato en las Pitiüses, José Antonio Carmona, explicó que las víctimas de esta presunta explotación por parte del propietario del Grupo Playa Sol (GPS) son en su mayoría ciudadanos de Europa del Este que son reclutados por una empresa de trabajo temporal que Ferré posee en la República Checa y a quienes se les hace firmar un contrato en el que se establece un sueldo de 8.000 coronas checas (al cambio de ayer esto supone 275 euros).
Desde que Ferré ha sabido que el caso ha llegado a los sindicatos, «se les ha hecho firmar un documento en el que se mejora la retribución hasta los 800 euros, 940 euros si deciden trabajar sus días libres», aseguró Carmona, quien añadió que el salario mínimo en la hostelería se sitúa sobre los 1.000 euros mensuales.
Alojamiento y comida
Los contratos estipulan seis días de trabajo, uno de los cuales se les descuenta de la nómina para cubrir los gastos de alojamiento y manutención. Carmona y varios representantes sindicales de Comisiones en los hoteles de Ferré añadieron que a estas personas no se les da finiquito una vez finalizado el contrato (una cantidad que la dirección también justifica como cobertura de gastos).
Entre las cláusulas del acuerdo, se establece que el personal no puede hablar «con nadie que pueda perjudicar a la empresa, y eso incluye a los representantes de los trabajadores», aseguró Carmona. Uno de los delegados sindicales añadió que los trabajadores no rescinden sus contratos «porque les obligan a una comunicación previa de dos meses y durante este tiempo no saben si les van a pagar», apuntaba el delegado Martín Linero.
Por otro lado, los sindicatos denunciaron las condiciones en que están alojados estos trabajadores, «con habitaciones de 10 o 12 metros cuadrados en que deben dormir cuatro personas y con servicios que el año pasado ya denunciamos que no funcionaban y que todavía no han sido reparados», explicaron los sindicalistas. «En otras ocasiones, se están habilitando como dormitorios pasillos y otras zonas que no están en condiciones de acoger a gente», añadía su compañera Guillermina Rodríguez.
Desde Comisiones Obreras se dibujó ayer un panorama repleto de irregularidades en la contratación dentro de las empresas de Ferré, unas 300 según las estimaciones sindicales. Los sindicalistas aseguraron que, cuando el empresario compra un nuevo hotel, «respeta las condiciones de los fijos discontinuos aunque les putea un poco porque así puede contratar después a un extranjero en las condiciones que hemos denunciado», explicaba Martín Linero.
El sindicalista destacó el hecho de que las nuevas incorporaciones son sólo de ciudadanos extranjeros. «No contrata a españoles, no le conviene. Se puede hacer la prueba e ir a pedir trabajo. Aunque falta personal, si eres español, no te llamarán», aseguró.
La contratación de personal foráneo es otra estrategia para seguir con sus irregularidades, aseguró. «Nunca repite con la gente de un año a otro. No le interesa, no quiere que la gente aprenda y descubra los abusos que comete con ellos», aseguró.
Por otro lado, desde Comisiones se criticó ayer la lentitud de la Inspección de Trabajo en actuar, especialmente después de que «desde que en 2007 pudimos entrar en los comités de empresa, hayamos denunciado reiteradamente este tipo de situaciones», aseguró la delegada sindical Guillermina Rodríguez.
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