Tres de los sindicatos que conformen la junta de personal y el comité de empresa (UGT, USO y STEI) en el Ayuntamiento de Vila anunciaron ayer su disposición a convocar una huelga en la Administración si el equipo de gobierno mantiene su «ultimatum» y su amenaza de congelar o, incluso, eliminar prestaciones sociales durante la negociación del nuevo convenio colectivo para funcionarios y personal laboral.
De momento, y como primera medida de presión, se ha convocado para el jueves de la semana próxima una concentración de 12 a 1 del mediodía en la plaza de España, comunicaron los sindicatos.
Diego Ruiz, secretario general de UGT en las Pitiüses, apuntó que el problema radica en que «han realizado una oferta salarial a cuya aceptación vinculan el resto de elementos como las mejoras en ayudas sociales, laborales o el plan de formación».
Dicha oferta de mejora salarial es progresiva y supondría 235 euros más en nómina por trabajador en 2012 a través de un plus de productividad, una cifra que Ruiz reconoció que no está demasiado alejada de sus pretensiones. «La cuestión es que, al contrario de lo que quiere hacer creer el Ayuntamiento, nosotros no nos movemos sólo por el dinero», apuntó.
«La cuestión es que el Ayuntamiento planteó la cuantificación económica de las ayudas sociales que se ofrecen a los trabajadores para suprimirlas a cambio de una cantidad mensual», aseguró. Esta situación impediría «mejorar las ayudas existentes o ampliarlas con otras nuevas», explicó. «La formación, las ayudas sociales o las medidas para conciliar la vida familiar y laboral deberían ser prioritarias», consideró el sindicalista, quien concluyó que también se propone una congelación del número de plazas para los próximos años.
Según Ruiz, esta situación de recorte de prestaciones fomentará una situación «de fuga de profesionales a otras Administraciones que ofrecen mejores condiciones», en especial en el caso de polícas locales y profesionales de alto nivel.
El presidente de la junta de personal, Miguel Catalán, lamentó también que el Ayuntamiento haya roto todas las vías de negociación y pretenda evitar cualquier diálogo ligando la aceptación de su oferta salarial a la no discusión de otros aspectos.
«Queremos denunciar que en el primer pleno de este gobierno se aprobó una subida del 27 por ciento para los cargos políticos y ahora nos dicen que no hay un duro para los funcionarios», afirmó.
Catalán defendió la legitimidad de su postura, que fue aprobada por el 75% de los 400 trabajadores de la plantilla de Vila, aseguró.
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