El conseller de Desenvolupament Empresarial i Treball, Joan Serra Mayans, indicó ayer que tanto el Consell como el Govern protegerán al comercio de las islas de la aplicación de la directiva europea Bolkestein, que propugna una liberalización de los servicios y la posibilidad de que entren grandes establecimientos comerciales en las Pitiüses.

La herramienta con la que cuenta el Consell es la elaboración de un plan de ordenación comercial que ya se ha sacado a concurso, aunque se ha ralentizado «un poco» para armonizarlo con la Ley de comercio que está tramitando el Govern. «Hay que matizar que una cosa es la libertad de establecimiento y otra cosa que se autorice su instalación, porque se pueden aplicar normas urbanísticas y medioambientales en las que estamos trabajando para que la aplicación de esta directiva en Eivissa no repercuta en todo un sector tradicional de comercio que hay en la isla», explicó Serra Mayans. De forma parecida se expresó el responsable del Instituto de Innovación Empresarial de Balears (IDI), Àngel Pujol, quien indicó que la directiva Bolkestein obliga a desarrollar una nueva normativa por parte del Govern que permitirá poner nuevos criterios en el régimen de autorización de grandes establecimientos comerciales para «ordenar el comercio con criterios medioambientales y de sostenibilidad y no económicos, es decir, si son grandes o no». Pujol explicó que la liberalización no será tal porque la propia directiva ofrece instrumentos para «ordenar objetivamente el comercio». «Dentro de Eivissa predominan unas marcas sobre otras, pero con la directiva habrá igualdad y libertad para otros, siempre que se sigan criterios sostenibles, de urbanismo comercial y de interés general; dentro de estos apartados podremos legislar para evitar exceso de operadores fuera del casco urbano o para que los polígonos industriales sean industriales y no comerciales y para, en definitiva, garantizar la subsistencia del pequeño comercio».

Serra Mayans indicó que esta directiva no sólo repercute en el comercio sino también en el sector turístico porque no puede haber normativas que «te limiten a la hora de montar un negocio». Pujol resaltó asimismo que también los ayuntamientos tendrán que adaptar sus normas urbanísticas a la nueva legislación.