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CLAUDIA ROIG De las 145 misivas que ha enviado la Conselleria d'Obres Públiques a todos los afectados que todavía no han cobrado el depósito previo a la ocupación de la finca, 52 han sido devueltas porque las direcciones no correspondían. Esto es, según Prats, «un síntoma» de que ha habido errores en los datos que manejaba el Govern, fallos que en su día denunciaron los afectados. En total, entre las tres carreteras, hay 450 expropiados, y aunque hay muchos que ya han cobrado el depósito previo, todavía no se ha abierto la pieza del justiprecio para efectuar el segundo pago. Carbonero avanzó que a partir de la semana que viene dos técnicos de la Cosnelleria se trasladarán a Eivissa para que antes de final de año se acaben de pagar todas las expropiaciones del segundo cinturón.

El conseller Albert Prats aprovechó la creación de la oficina para los expropiados para disculparse en nombre de la institución. «Quiero pedir perdón en nombre del Consell d'Eivissa a todas las personas que, actuando dentro de la legalidad, intentaron defender sus derechos y manifestar sus opiniones y como respuesta fueron maltratados», dijo Prats, que se comprometió a «normalizar» la situación de los afectados, un trabajo que calificó de «ingente» y de «gran dificultad». Por todo ello también pidió «comprensión y paciencia».

El conseller se comprometió asimismo a no actuar de la misma forma que el Govern anterior. «Tenemos que cerrar definitivamente una de las páginas más tristes de nuestra historia reciente y lo tenemos que hacer bien», insistió Prats, que indicó que el PP tuvo poca sensibilidad con los afectados, algo en lo que también influyeron «las prisas» por acabar las obras. «Esto sólo se explica desde una óptica electoralista», opinó el conseller, que considera que estas prisas provocaron problemas graves en cuanto a seguridad de la construcción de las autovías e indefensión en los expropiados.

Prats también recordó que durante muchos meses se estuvieron ocupando y destruyendo bienes y fincas «de forma irregular» y aseguró que el anterior Ejecutivo «criminalizó» a los afectados.

El conseller balear d'Obres Públiques se sumó a las disculpas de Prats. «En esta etapa queremos pasar página e intentar hacer todo lo posible para cerrar la grave herida abierta, tanto territorial como social», explicó Carbonero, al que le preocupa más la situación social que territorial heredada del anterior Govern.

En cuanto a la posibilidad de pagar más a los expropiados y mejorar sus condiciones, Carbonero indicó que la creación de la oficina servirá para mediar entre Administración y afectados y no descartó que se puedan destinar partidas de 2008 a incrementar algunas expropiaciones.