J. L. MONTOYA
Una vecina de la urbanización La Joya (Sant Carles) ha denunciado al Ayuntamiento de Santa Eulària al considerar que ha otorgado una licencia sin respetar el ordenamiento urbanístico de la zona. La denunciante, que reclama la nulidad de la licencia y la demolición de las construcciones que no se acogen a la ley, señala en su denuncia que el Consistorio la otorgó sin atender a las directrices del plan de urbanización que afecta a la zona y «saltándose» la moratoria vigente en su momento por la redacción del Plan Territorial Insular (PTI).

«Para salvar este asunto -añade el letrado- el promotor presentó una especie de certificado hecho por su propio arquitecto, que planteaba medias verdades con respecto a este asunto. Y el Ayuntamiento tragó con esa rueda de molino. Se dio cuenta de que eso no estaba acreditado y le pidió al promotor un certificado hecho por el propio arquitecto redactor del proyecto. Un documento que sería inaceptable en condiciones normales y que se dio por bueno y no se volvío a hablar del asunto».

La denuncia se interpuso hace algo más de un año ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y se solicitaron medidas cautelares para evitar que las obras siguieran adelante en previsión de una sentencia a favor de la demolición. Sin embargo, la lentitud de la Justicia y la falta de respuesta por parte del Consistorio han llevado al denunciante a difundir esta situación.

Según la denunciante, la licencia «se otorgó haciendo caso omiso de la moratoria urbanística decretada en ese momento por la redacción del Plan Territorial Insular, que exigía para concederla que la parcela estuviera dotada efectivamente de todos los servicios, y hemos obtenido prueba documental de que ni tenía conexión a la red eléctrica, ni a la de alcantarillado, ni a la de suministro de agua. Y tampoco disponía a lo largo de todo el solar un vial con acera», explicó el abogado de la denunciante, Miguel Arrón.

El abogado acusó al Ayuntamiento de aplicar «una especie de urbanismo a la carta», y citó como ejemplo que ha adaptado la planificación de la zona a la licncia otorgada para salvar las diferencias en lo que se refiere al vial deacceso.

La denuncia también hace incidencia sobre aspectos como el relleno de taludes para poder elevar la cota de edificación. El proyecto, que según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico está promovido por una empresa vinculada a la familia de la actriz Àngela Molina, prevé la construcción de cuatro bloques que, en conjunto, crearán unas 50 viviendas.

«El solar -explicó el abogadode la denunciante- tiene unas pendientes muy pronunciadas, porque era como una torrentera que desembocaba en una cala. Le han permitido unos rellenos que en algunos casos superan los diez metros de altura, y han construido unos muros de contención en los que se han metido toneladas y toneladas de relleno hasta alterar la orografía del terreno, algo que también está prohibido por el planeamiento. Con eso ha conseguido un efecto: subir artificialmente la cota del terreno y empezar a construir diez metros por encima de lo que tocaba, con lo que nos encontramos con cuatro bloques muy juntos de cuatro pisos cada uno con unas 50 viviendas, que alteran completamente el paisaje y hacen un efecto de pared, porque han alcanzado una altura que nunca habrían logrado si hubieran respetado la cota natural del terreno».