Imagen de archivo de la urbanización de Ses Torres, en el municipio de Santa Eulària.

MAITE ALVITE
Esquerra Unida (EU), acusación particular en el caso de Ses Torres, dio a conocer ayer un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca fechado el pasado día 2 que desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, el concejal de Urbanismo, Vicent Riera, el asesor jurídico del primer edil, José María Roig Vich, y el aparejador municipal, Vicente Marí. Esta resolución confirma el auto dictado el 12 de enero de este año por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Eivissa, impugnado por los imputados, en el que el juez emplazaba al fiscal y a EU a que presentasen escrito de acusación y ponía de manifiesto que se apreciaban indicios de delito imputables al primer edil, el concejal de Urbanismo, el asesor jurídico y el aparejador, además de a Lloma Talamanca y el promotor Germán Vázquez y a la ex arquitecta municipal Raquel García. En los fundamentos de derecho del auto, la Audiencia Provincial considera que «las diligencias practicadas durante la prolongada fase de instrucción proporcionan indicios bastantes en que sustentar la posibilidad de que los imputados hubieran cometido un delito contra la ordenación del territorio con ocasión de la aprobación y ulterior ejecución de un proyecto de urbanización contrario a la normativa urbanística entonces vigente, al venir apoyado en un Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de 1988 que había sido previamente declarado nulo en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia». A la vista de esta sentencia, y teniendo en cuenta que EU presentó ya a principios de junio su escrito de acusación, la coalición reclamó ayer más celeridad a la justicia para resolver este caso que se abrió en octubre de 2001. El coordinador general del partido en Balears, Miquel Ramon, pidió a Fiscalía que presente su escrito de acusación y que el juez fije ya fecha de juicio oral.

Vicent Guasch declaró por este caso por primera vez en julio de 2002, aunque su declaración fue considerada nula por defecto de forma y volvió a hacerlo el 15 de diciembre de 2005 para aclarar el presunto «pacto de caballeros» al que llegó con el promotor de la urbanización, según reconoció este último.