El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Eivissa se personó ayer en el procedimiento sancionador que ha abierto el Consistorio contra la empresa mixta Itusa por infracción urbanística en la construcción del edificio de viviendas junto al colegio Juan XXIII, enmarcado dentro del proyecto de remodelación del centro de la ciudad Eivissa Centre. De esta forma, a partir de ahora el Ayuntamiento deberá mantener informada a la portavoz de los populares, Virtudes Marí, de toda la documentación que haya respecto a este asunto, así como de todo lo que se haya investigado hasta el momento.
Por otro lado, los vecinos de Santa Margarita, uno de los edificios que se derribará dentro del proyecto Eivissa Centre y cuyos habitantes serán trasladados a los nuevos pisos de la zona de Joan XXIII, mostraron ayer su indignación por boca de su abogado, Joaquín Roig. «Somos los principales interesados en este proyecto y el Ayuntamiento no se ha dignado a ponerse en contacto con nosotros», explicó Roig, que añadió que ha presentado una batería de preguntas en el Consistorio, que previamente trasladó al alcalde en el último pleno. Una de ellas hace alusión a los dos solares de Isidor Macabich esquina calle Madrid, en los que, según Roig, está previsto construir una planta baja de locales, cinco plantas de pisos y una de áticos. «¿Quién construirá los edificios? ¿Quién y cómo los venderá? ¿Y ese dinero, a dónde irá a parar?», se pregunta Roig, que recordó además que ya en el de Joan XXIII sobran 42 pisos que se comercializarán para sufragar los gastos del proyecto Eivissa Centre.
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