«Lo único que pretenden es retrasar las obras», señaló la consellera. Por otro lado, la Conselleria ha pedido en un escrito a la Delegación del Gobierno la actuación de las fuerzas de seguridad en Can Malalt, debido a los acontecimientos de los últimos días. Ahora desde la institución que dirige Ramon Socias estudiarán la situación para ver si necesitan refuerzos, aunque tienen claro que actuarán.

La de ayer también fue una mañana movida en Can Malalt, donde más de una veintena de antiautopistas frenaron el paso de las máquinas. Tras intentar rebajar el terraplén que hay delante de la vivienda, sobre el que estaban los activistas, la excavadora comenzó a destrozar el único camino con el que cuenta la casa. Los antiautopistas se colocaron entonces alrededor de la máquina impidiendo que siguiera trabajando. Fue entonces cuando hizo acto de presencia una pareja de la Guardia Civil, que pidió el DNI a los que se encontraban allí. Los activistas continuaron custodiando la máquina, que no pudo continuar su trabajo hasta mediodía, cuando la empresa les hizo una propuesta: si dejaban libre la excavadora, les arreglarían el camino.

Una vez restituido el acceso a la casa, el dueño de la misma, Josep Planells, Malalt, aprovechó para retirar las vallas y hacer un par de traslados con su coche, ya que tiene que realizar la mudanza de la casa en la que vive actualmente, expropiada por la autovía, a ésta. «Quería aprovechar para hacer unos viajes en furgoneta, pero me han dejado el camino mal y no podré», añadió. Su hermano Toni añadió que todo lo que ha hecho la UTE con sus fincas desde febrero, fecha en la que entraron en sus propiedad por primera vez, ha sido ilegal. «El auto del juez que les autorizó a entrar la semana pasada lo demuestra», agregó.

Los once detenidos presentarán una denuncia conjunta contra la Guardia Civil por detención ilegal y coacciones. Quieren saber si el Capitán de la Guardia Civil, Fructuoso Jiménez, actuó por libre, como se temen, o recibió órdenes de la Delegación del Gobierno. «Sería muy grave que hubiera actuado por libre, porque quiere decir que se estarían poniendo al servicio de una empresa, como si fueran su guardia propia», explicó uno de los detenidos, Toni Malalt. También quieren aclarar por qué se dejó en libertad al diputado Miquel Ramon. «Si él no cometió delito flagrante, nosotros tampoco», remarcó otro de los detenidos, Marcos Lluy. «Lo de que hubiera un diputado ha sido un revulsivo para que se lo tomen más en serio», añadió Malalt, que destacó que la actuación de la Guardia Civil fue muy diferente el martes de ayer. «Han pasado de una actitud chulesca a una dialogante». Desde Delegación del Gobierno niegan que se haya dado ninguna instrucción para actuar con más suavidad y defienden que el capitán haya actuado por libre.