Los propietarios de las viviendas con inquilinos deberán pagarles
un alojamiento en caso de que deban abandonar la vivienda en la que
están alquilados porque es preciso realizar obras de restauración o
demolición de la vivienda. Es una de las medidas más novedad que
incluye el proyecto de ley del suelo para tratar de combatir el
'mobbing' o acoso inmobiliario contra los inquilinos.
La medida es novedosa en el ordenamiento urbanístico balear,
según explicaron la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, y
el director general d'Ordenació del Territori del Ejecutivo balear,
Jaume Massot. En el artículo 93 del borrador presentado a los
sectores afectados por el borrador se establece de forma clara que,
en aquellas actuaciones «sistemáticas», es decir, que impliquen una
reestructuración integral o una demolición, los arrendatarios y
ocupantes legales de viviendas que constituya su residencia
habitual «tendrán el derecho de retorno regulado en la legislación
de arrendamientos urbanos y el derecho de ser alojados
provisionalmente hasta su retorno, que deberá asumir el propietario
de la vivienda».
La Ley de Arrendamientos Urbanos establece la posibilidad de que
los inquilinos regresen al piso que tienen alquilados, pero no fija
la obligatoriedad de que los propietarios de la vivienda paguen el
realojo interino.
Esta disposición también es obligatoria cuando sea la
administración quien realice las actuaciones urbanísticas y, más
concretamente, las expropiaciones de vivienda, En ese caso, deberá
poner viviendas a disposición de los inquilinos, en condiciones de
venta o alquiler adecuados para satisfacer sus necesidades. Los
inquilinos tendrán que recibir además una indemnización por los
gastos de traslado que se deriven de la actuación que realice la
administración.
EXPROPIACIÓN. El borrador establece la expropiación de una zona
cuando se incumpla el deber de conservación de la urbanización
VALLAS. Los carteles, vallas y opis publicitarios sólo se podrán
instalar en suelo urbanizable o urbano, pero en ningún caso en
suelo rústico
SANCIONES. Los promotores que no ejecuten los planes en el plazo
previsto deberán pagar hasta 120.000 euros de multa
REGLAMENTO. El Govern balear aprobará un reglamento para regular
las disposiciones que recoge el borrador de la ley del suelo
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