La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, destacó ayer que el
99,9 por ciento de las expropiaciones se han realizado
correctamente:«Respeto las denuncias judiciales, pero por lo que a
mi me consta es que está todo perfectamente ocupado y que no se
entró en ninguna propiedad sin el acta previa de ocupación». En
este sentido, criticó al Ayuntamiento de Eivissa por «entorpecer
los trabajos y mal informar a los propietarios». Cabrer aseguró que
desde el Govern se ha pagado correctamente a los propietarios con
los precios que existen en el mercado: «Aquellos que no han firmado
el acta de ocupación deben saber que su dinero está en la caja
general de depósitos y deberán pedir responsabilidades a aquellos
que les asesoraron en su momento».
En relación al inicio de las obras de la carretera de Sant
Antoni, la consellera balear d'Obres Públiques señaló que ya «han
empezado a pleno rendimiento», al igual que lo ha hecho el nuevo
acceso del aeropuerto: «Desde el Govern se afrontará en primer
término las conexiones que afectan a las carreteras generales». En
este sentido, apuntó que en los próximos 15 días se procedería a
abrir el segundo cinturón de ronda y que «en un año y medio podamos
tenerlo todo listo tal y como teníamos previsto desde el
principio». Por otro lado, destacó el trabajo de las instituciones
por apostar por la mejora de la siniestralidad y la calidad de vida
de los ciudadanos: «Con estas mejoras se certificará que era
importante acabar con el déficit de las infraestructuras de
Eivissa».
Por otra parte, ENE denunció ayer que el trazado de la nueva
carretera de acceso al aeropuerto de Eivissa «ha sufrido cambios
importantes» que «se han ocultado a los afectados por el proyecto,
al Parlamento de Balears y a la opinión pública». ENE difundió ayer
un comunicado en el que reclama al PP y al Govern la paralización
de las obras, la depuración de los hechos y la reconsideración del
proyecto. Según este grupo, está previsto que a la altura del
hipódromo de San Jordi la vía pase de estar sepultada unos metros a
ir alzada unos dos metros sobre el nivel. A su parecer, este hecho
es «muy grave» porque «se ha alterado el trazado en función de no
se sabe qué intereses, hurtando a la participación ciudadana los
cambios».
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