Propietarios de ses Feixes sí culpan al Consell y le exigirán indemnizaciones

El presidente de este colectivo de propietarios, Josep Maria Molins, entiende que el Consell no puede eximirse de toda responsabilidad, tal como sostiene el presidente, Pere Palau, y el conseller de Patrimoni, Joan Marí Tur. «El Consell es quien tiene que resolver este asunto y si el Ayuntamiento lo ha demorado tanto se debe en parte al hecho de que el gobierno actual del Consell no ha sido capaz de resolverlo», señaló.

Molins tiene claro que fue el Consell, como institución, quien aprobó la figura de protección BIC, y que, al margen de «colores políticos», tiene que resolver el problema: «Es igual que fuera el Pacte o el PP, el Consell es quien aprobó el BIC. El Consell pasó el problema al Ayuntamiento y éste ha continuado la trayectoria que le ha marcado el Consell».

Por eso, el presidente de este colectivo de propietarios no entiende por qué el Consell se exime ahora del pago de indemnizaciones. «El Consell tiene que pagar. Nosotros pediremos indemnizaciones a Consell y Ayuntamiento», sostiene. «No valen más cortinas de humo», dice Molins en alusión a los continuos mensajes lanzados por el gobierno insular del PP, como su intención de retirar o modificar el BIC.

Este colectivo de propietarios lamenta por encima de todo la falta de diálogo entre las instituciones y con los propietarios. «Este asunto no va bien. No comprendo por qué no se ha intentado llegar a un acuerdo. Estamos indignados», dice el presidente de este colectivo de propietarios, que mantiene firme su idea de continuar la querella presentada contra los responsables del Ayuntamiento de Eivissa por un supuesto delito de prevaricación, y, dado el desarrollo de los acontecimientos, plantea en este momento ampliarla a «otros estamentos». La querella fue desestimada inicialmente porque el juez consideraba, entre otras cosas, que la denuncia era «apresurada» puesto que de momento el plan urbanístico sólo contaba con una aprobación inicial. Este periódico trató ayer sin suerte de recoger la opinión de algún responsable de Italhispania S.L., la promotora urbanística que recientemente ha comprado buena parte de los terrenos del frente marítimo (UA-8), también urbanos hasta ahora.

La Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) considera que la versión definitiva del PGOU «le da la razón en parte» porque recoge varias alegaciones que presentó, como la calificación del Prat de Vila como suelo rústico. Sin embargo, cree que el documento es «mejorable» y contiene aspectos «preocupantes» como un techo de población excesivo. De la misma opinión es el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), que opina que la cifra de 99.000 habitantes es muy elevada, aunque está satisfecho con que se contemple ses Feixes como rústico. Ambos creen que el número de viviendas previsto en Can Escandell es desproporcionado.