El juez levanta el precinto de la urbanización de es Pouet

En el auto, el juez explica que el pasado 4 de marzo, la empresa mercantil Progen S.A. aportó un certificado técnico de adecuación de las obras a las disposiciones del Plan Territorial, solicitando al Consell el levantamiento del precinto de las obras. El 28 de marzo el Consell, al constatar que el proyecto de urbanización de es Pouet se ajustaba a las directrices que marca la versión definitiva al PTI, presentó un escrito ante el Juzgado para expresarle «su voluntad de apartarse de la acusación formulada en su día».

El juez entiende que ahora, una vez aportados los certificados técnicos que avalan la legalidad de la urbanización, «carece de objeto mantener la medida cautelar decretada en su momento». «Procede por ello dejar sin efecto la medida cautelar y, en consecuencia, ordenar el alzamiento de la suspensión judicial de las obras acordada en auto de fecha 23 de septiembre de 2000, dictado en las presentes actuaciones, quedando sin efecto , en consecuencia el precinto judicial», concluye el auto.

El presidente del Consell, Pere Palau, fue quien desveló ayer en el debate de política general este auto, remitido a la institución hace tres días, como muestra de los contenciosos que se han conseguido retirar con la aprobación del PTI. Lo mismo ha sucedido con la polémica urbanización de sa Caixota, en Sant Josep. «Si no hubiéramos logrado la retirada de este contencioso, los afectados hubieran pedido una indemnización por daños y perjuicios y lo habrían pagado los ciudadanos», justificó el presidente.

Palau también defendió que con la versión definitiva del PTI se ha logrado la reducción de algunos planes parciales.

El 19 de agosto de 2000 la entonces presidenta del Consell, Pilar Costa, tomaba la controvertida decisión de ordenar el precinto de la urbanización que se estaba ejecutando en Talamanca. El gobierno del Pacte alegaba entonces que estas obras incumplían de forma flagrante la moratoria aprobada un mes antes. Media hora después del precinto, los obreros lo retiraron y prosiguieron las obras. El Consell denunció los hechos ante la Guardia Civil y la Fiscalía, pero en vista de que nadie tomaba ninguna decisión volvió a precintar las obras el 1 de septiembre. Así empezaba este culebrón.