El PSOE critica la falta de regulación en el consumo de alcohol

Gascón expuso el contenido de la enmienda a la totalidad y las 112 parciales que el PSOE ha presentado a este proyecto legislativo, que se basan en los tres ejes citados. El diputado socialista comentó que la futura normativa es muy similar a la que promovió el Ejecutivo del «Pacto de Progreso» al final de la pasada legislatura, aunque con la diferencia fundamental de que no incluye el consumo de las bebidas alcohólicas, que será recogido en una ley específica, según ha anunciado el Govern.

Gascón expresó su disconformidad con esta decisión, ya que «el alcohol es la droga más consumida en Balears» y, de acuerdo con los datos facilitados por la Administración central en la pasada legislatura, causa 12.000 muertos y 2.500 millones de euros de gastos anuales, en atención sanitaria y actuaciones sociales.

Contradicciones
Sostuvo, además, que la exclusión del alcohol del proyecto de ley contradice el Plan Nacional sobre Drogas del periodo 2002-2008, aprobado por el anterior Gobierno central, del PP. El representante socialista insistió en que su grupo ha sido «muy cuidadoso» para que las enmiendas que ha redactado no veten la promoción y las subvenciones que reciben los productores de alcohol de las islas y señaló que las propuestas del PSOE se encaminan a la protección de los menores de 18 años, con restricciones a la venta, el consumo y la promoción de estas bebidas. Asimismo, censuró que en el actual proyecto, a diferencia del elaborado por el «Pacto», desaparezca la «transversalidad» de la actuación del Govern y sólo se refiera a las medidas que debe emprender la Conselleria de Salud, cuando la lucha contra las drogodependencias requiere, en su opinión, de la acción coordinada de este departamento con los de Presidencia, Educación y Trabajo.

Gascón indicó que las enmiendas presentadas por el PSOE solicitan que los presupuestos generales de la Comunidad incluyan dotaciones concretas y definidas para cada conselleria en esta materia. El diputado socialista también comentó que su grupo es partidario de que las asociaciones privadas que colaboran con la Administración autonómica en el tratamiento y en el control de los pacientes acrediten unos requisitos mínimos con la presentación previa de sus programas de rehabilitación.