Alicia Borja, funcionaria, no dio crédito a lo que escuchaba de la
profesora de su hijo cuando le explicaba los motivos por los que
recibió el aviso de expulsión del centro. «Me dijo que se levantaba
de la silla, que no podía con él y no le hacía caso. Le pregunté
incluso si le había pegado, pero me dijo que no, que el niño no
paraba. ¡Claro que no para, mi hijo es hiperactivo!», recuerda la
madre de aquella conversación.
Ante esta situación se enfrentó Alicia el curso pasado. El niño,
con ocho años en aquel momento, está bajo tratamiento médico tras
ser diagnosticado por el Patronato de Salud Mental Infanto Juvenil
de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad en
2001.
Ante la perplejidad de la situación, Alicia se dirigió a la
Conselleria d'Educació y habló con un inspector de educación. Tras
varias indagaciones se enteró de que el centro concertado recibía
una pedagoga cada 15 días «pero la profesional no tenía constancia
de que existía ese problema», recuerda la madre. El equipo de
orientación educativa y psicopedagogogía de la Conselleria realizó
un informe en mayo, un mes antes de terminar el curso, donde
recomendaba hacer un seguimiento del alumno.
«Mi hijo ha estado desatendido», se lamenta la madre, ya que en
el anterior centro conocían que su hijo tenía un trastorno e
incluso la profesora le administraba la medicación. Indignada por
la situación de desamparo y pasividad, la madre ha optado por
cambiar el niño de colegio, a un centro público. «He cambiado a mi
hijo, porque se ha pasado de él y no quiero que este curso vuelva a
ocurrir la misma historia».
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