El PSIB-PSOE y EU, que de forma conjunta ejercen como acusación
particular en el «caso Formentera», afirman que la resolución
dictada por el juez instructor, Antoni Monserrat, «no es ajustada a
derecho». Monserrat dictó un auto de archivo de la supuesta trama
organizada por dirigentes del PP para captar votos de forma
irregular en las pasadas elecciones autonómicas celebradas en
Formentera, decisión que ayer fue recurrida a través de un escrito
presentado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Balears (TSJB).
La letrada Ascensión Joaniquet, que defiende en la causa al PSOE
y EU, señala en su escrito que el juez Monserrat (en su auto),
«entra en valoraciones de la prueba que no son procedentes, por
cuanto las mismas corresponden al órgano juzgador y no al
instructor de las diligencias».
Asimismo, Joaniquet insiste en que la «única prueba de
investigación realizada por el magistrado instructor bajo secreto
sumarial» (realizada en la Oficina del Censo Electoral), «a nuestro
entender no ha aportado ningún dato nuevo, dado que el resultado de
la misma ya obraba en la causa mediante documental aportada por la
defensa de los señores Segura».
Y añade: «Dicha diligencia demuestra a su entender (del juez) la
no existencia de un delito electoral y en consecuencia la no
existencia de un delito de malversación de caudales públicos, algo
sobre lo que, con el debido respeto, diferimos totalmente».
En los 26 folios de los que consta el recurso de la acusación,
la letrada realizada una completa exposición sobre las
circunstancias que rodearon la inscripción de los 74 emigrantes de
Balears en Argentina y Uruguay, así como la actuación de María de
la Pau Segura y de su padre, Miquel, en el desarrollo de los
hechos.
Además de solicitar nuevas comisiones rogatorias en Sudamérica,
la letrada señala que en cuanto al «arraigo» de los electores
inscritos en Formentera, «nos viene a señalar el auto recurrido que
dicho criterio es una mera indicación carente de efectos prácticos,
por cuanto el Municipio de inscripción en España lo determina el
propio elector».
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