La SEPI considera que habría sido «ilegal» rechazar la oferta de Acciona

El consorcio entrega un cheque de 64,7 millones de euros como garantía por la compra de Trasmediterránea

Efe02/08/02 0:00

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz-Jarabo, anunció que el consorcio ganador ha depositado, a modo de garantía, un cheque por valor de 64'7 millones de euros, el 25 por ciento del total que pagará por el 95'24 por ciento de Trasmediterránea, que le fue adjudicado el pasado martes. Ruiz-Jarabo reiteró que la oferta presentada por el grupo formado por la constructora Acciona, las navieras Umafisa (del Grupo Matutes), Aznar y Armas y por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) era la mejor «tanto en términos de plan industrial como de precio».

En cuanto a la posibilidad de que la venta de Trasmediterránea pueda suponer «una concentración excesiva en relación a los criterios de competencia», debido a que en el consorcio comprador participan otras compañías navieras, Ruiz-Jarabo explicó que, de comprobarse una posición de dominio, serán las firmas compradoras las que deberán modificar su negocio para eliminarla. Por otra parte, Ruiz-Jarabo reiteró que no se ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades al adjudicar la naviera a un grupo en el que participa como socio minoritario un ex ministro, Abel Matutes, y puntualizó que habría sido «ilegal» rechazar la oferta del consorcio liderado por Acciona con un 55 por ciento por este motivo.

El consejero director general de Acciona, José Manuel Entrecanales, señaló que los esfuerzos del consorcio que lidera su compañía se centrarán en mejorar la calidad del servicio de Trasmediterránea pese al reto y las dificultades que suponen «seguir desarrollando el negocio de una compañía tan emblemática». Entrecanales explicó que harán todo lo posible por ser «un buen socio» de las comunidades autónomas más relacionadas con Trasmediterránea (Valencia, Canarias y Balears) y añadió que harán todo lo necesario «por contribuir a las buenas relaciones con ellas y a la mejora del servicio». Por su parte, IU calificó la adjudicación de la naviera pública de «escándalo legal, pero inmoral».