Los abogados de los imputados eluden visitar ses Torres con la jueza

Ignasi Ribas considera que la visita pudo servir a la jueza para comprobar que las obras de urbanización «son recientes» y que «no existen edificaciones», por lo que difícilmente se pueden calificar esos terrenos como consolidados. También sugirió que si los abogados de los imputados no habían acudido a esa cita fue para no pasar el mal trago de admitir que la consolidación es «a todas luces inexistente».

En esa visita, la jueza pudo observar cómo en la valla que rodea las obras hay un cartel en el que se explica que la licencia de edificación de las 77 viviendas que la empresa Lloma Talamanca pretende levantar allí ha sido «ganada por silencio administrativo» el 9 de mayo. Precisamente, y como publicó este diario hace dos días, desde que el alcalde decidió en octubre -y a causa de la denuncia de Esquerra Unida ante la Fiscalía por este caso- no otorgar más licencias, todas las peticiones de silencio administrativo formuladas por particulares y empresas han sido desviadas desde el Consistorio a la Comisión Insular de Urbanismo (CIU), que el lunes verá los primeros casos.

En ese cartel se indica que las obras fueron comenzadas el 6 de junio pasado y que tienen un plazo de ejecución de 18 meses. Carmen Robles también se percató de que, aparentemente, las obras se mantienen paralizadas desde que lo ordenó. Ese acuerdo, adoptado el 18 de julio, fue recurrido por Lloma Talamanca, la promotora de la urbanización, que motivó que la jueza emitiera un auto en el que razonaba esa decisión. Por otra parte, el abogado de la acusación popular anunció ayer que tiene previsto solicitar la declaración como imputados de los ediles de la comisión de gobierno de Santa Eulària que el 13 de septiembre de 2001 aprobaron, fundamentándose en el PDSU, la licencia de parcelación a pesar de que el Consell había advertido previamente de que ese planeamiento era nulo.

Asimismo, pedirá «testimonio de todas las certificaciones que haya emitido el secretario accidental de la Corporación, Enrique Barreda Peris, durante el año 2001 en relación a la Unidad de Actuación 2.1 de ses Torres. El secretario declaró ayer por la tarde por espacio de 90 minutos y, según Ribas -ni Barreda ni su abogado, José María Roig, quisieron realizar manifestaciones a la prensa-, «dijo que lo desconocía todo, a pesar de ser el encargado de velar por la legalidad de los acuerdos del pleno y del Ayuntamiento». No sabía cómo el PGOU clasificaba esos suelos, ni si se han ejecutado obras en ses Torres, ni si estaba consolidado en 1988, ni si el Consell advirtió de la supuesta ilegalidad de la actuación municipal.