El alcalde de Santa Eulària admite que ses Torres no era urbano

La juez pregunta a Vicent Guasch por qué se permitió urbanizar una zona que en el PGOU era suelo rústico

Vicent Guasch a su salida de los juzgados tras declarar en calidad de imputado. Foto: K. TABERNER.

JOSÉ MIGUEL ROMERO27/07/02 0:00

Vicent Guasch, alcalde de Santa Eulària, entró a las 11'30 horas en los Juzgados con una sonrisa en la boca y salió dos horas después nervioso y con expresión grave. Después de declarar ante la jueza Carmen Robles, responsable del juzgado de instrucción y primera instancia número cuatro, Guasch sólo pudo articular una frase: «Es lamentable que los casos políticos hayan de ir a los Juzgados, y creo que ha quedado bien claro [en la declaración] que el Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) está vigente y no es nulo». Según su abogado, Jaume Roig, «el alcalde no ha aceptado que el PDSU sea ilegal».

Esquerra Unida (EU) denunció este caso ante la Fiscalía por entender que 13 ediles populares y varios técnicos del Consistorio votaron e informaron favorablemente el proyecto de urbanización de ses Torres «a sabiendas» de que afectaba a suelo rústico. Ignasi Ribas, letrado de la acusación popular, encarnada por EU, destacó de la declaración del alcalde «que haya reconocido que en 1988, cuando se aprobó el PDSU, ses Torres no estaba urbanizado». Esa manifestación entra en contradicción con la efectuada la semana pasada por el aparejador municipal, Vicent Marí Marí, quien subrayó en su declaración (también en calidad de imputado) que esos terrenos ya estaban consolidados (es decir, tenían viales, aceras, alcantarillado, iluminación y tomas de agua, o estaban edificadas las dos terceras partes) cuando se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 1981.

Según Ribas, aunque el PDSU debía delimitar lo estrictamente urbano, se incluyó en él «a sabiendas» unos terrenos, los de ses Torres, que en el PGOU aparecían calificados en parte como rústicos y en parte como reserva urbana. Una imagen aérea captada por la empresa Estop demuestra que en julio de 1990 allí sólo había rocas y arbustos. En su declaración, el alcalde «recordaba muy pocas cosas», aseguró Ribas: ni los requerimiento del Consell para que revisara las licencias otorgadas ni a Juan Manuel Rubio, coordinador general de EU, quien presentó la primera denuncia por ses Torres ante el Consistorio.

El alcalde admitió también que encargó un informe sobre la legalidad del PDSU, y aunque no quiso desvelar quién lo redactó, aseguró que en él se avala la legalidad de ese instrumento. El informe se pagará (aún no se ha abonado nada, dijo) con dinero público. Para el abogado de EU, «resulta extraño» que no se haya hecho aún público y dudó de que «un jurista competente» lo apoye cuando «incluso el Tribunal Superior de Justicia lo declaró nulo de pleno derecho» en los fundamentos de derecho de una sentencia.