Vicent Guasch, alcalde de Santa Eulària, entró a las 11'30 horas en
los Juzgados con una sonrisa en la boca y salió dos horas después
nervioso y con expresión grave. Después de declarar ante la jueza
Carmen Robles, responsable del juzgado de instrucción y primera
instancia número cuatro, Guasch sólo pudo articular una frase: «Es
lamentable que los casos políticos hayan de ir a los Juzgados, y
creo que ha quedado bien claro [en la declaración] que el Plan de
Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) está vigente y no es nulo».
Según su abogado, Jaume Roig, «el alcalde no ha aceptado que el
PDSU sea ilegal».
Esquerra Unida (EU) denunció este caso ante la Fiscalía por
entender que 13 ediles populares y varios técnicos del Consistorio
votaron e informaron favorablemente el proyecto de urbanización de
ses Torres «a sabiendas» de que afectaba a suelo rústico. Ignasi
Ribas, letrado de la acusación popular, encarnada por EU, destacó
de la declaración del alcalde «que haya reconocido que en 1988,
cuando se aprobó el PDSU, ses Torres no estaba urbanizado». Esa
manifestación entra en contradicción con la efectuada la semana
pasada por el aparejador municipal, Vicent Marí Marí, quien subrayó
en su declaración (también en calidad de imputado) que esos
terrenos ya estaban consolidados (es decir, tenían viales, aceras,
alcantarillado, iluminación y tomas de agua, o estaban edificadas
las dos terceras partes) cuando se redactó el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) en 1981.
Según Ribas, aunque el PDSU debía delimitar lo estrictamente
urbano, se incluyó en él «a sabiendas» unos terrenos, los de ses
Torres, que en el PGOU aparecían calificados en parte como rústicos
y en parte como reserva urbana. Una imagen aérea captada por la
empresa Estop demuestra que en julio de 1990 allí sólo había rocas
y arbustos. En su declaración, el alcalde «recordaba muy pocas
cosas», aseguró Ribas: ni los requerimiento del Consell para que
revisara las licencias otorgadas ni a Juan Manuel Rubio,
coordinador general de EU, quien presentó la primera denuncia por
ses Torres ante el Consistorio.
El alcalde admitió también que encargó un informe sobre la
legalidad del PDSU, y aunque no quiso desvelar quién lo redactó,
aseguró que en él se avala la legalidad de ese instrumento. El
informe se pagará (aún no se ha abonado nada, dijo) con dinero
público. Para el abogado de EU, «resulta extraño» que no se haya
hecho aún público y dudó de que «un jurista competente» lo apoye
cuando «incluso el Tribunal Superior de Justicia lo declaró nulo de
pleno derecho» en los fundamentos de derecho de una sentencia.
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