EUGENIO RODRIGUEZ El conseller de Els Verds, Joan Buades, insta a la presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, a que promulgue un decreto en el que requiera al Ayuntamiento de Eivissa la paralización de los efectos de la licencia concedida a la promotora Blauvert S. L. para construir un bloque de 39 apartamentos de lujo en es Puig d'es Molins, en zona calificada histórico-artística. En el caso de que el alcalde no lo hiciera, Buades solicita a Pilar Costa que dicte inmediatamente otro decreto para ordenar ella misma la suspensión provisional (tres meses según la ley) del permiso.

El partido ecologista, asimismo, presentará ante el Consell Insular un recurso de alzada para que el pleno rectifique la decisión de la Comisión Insular de Patrimonio de reducir el perímetro de influencia del molino d'en Toni Joan y, al mismo tiempo, solicitará en una moción en el próximo pleno que se declare Bien de Interés Cultural «toda la ciudad antigua». Esta declaración incluiría, según el dirigente ecologista, la redacción de un plan de gestión que obligaría a que toda licencia solicitada en Ses Feixes, La Marina, Sa Peña o el Puig d'es Molins pasara por la Comisión de Patrimonio, lo que «garantizaría la conservación del patrimonio histórico de la ciudad».

El conseller ecologista aseguró que la actuación de la presidenta de la Comisión de Patrimonio, Fanny Tur, ha sido «irregular, incompetente y parcial». Buades resaltó que la decisión de reducir el área de protección del molino d'en Toni Joan «beneficia a una promotora» y «desprotege sólo el terreno necesario para que pueda construirse el edificio proyectado».

Els Verds han solicitado también a la Comisión el expediente en el que se basó la decisión de Patrimonio, porque sospechan que la presidenta, Fanny Tur, tomó la decisión «sin conocer la primera licencia otorgada en 1990». El diputado ecologista explicó que la regidora de Els Verds, Marta Roldán, solicitó al Ayuntamiento esta licencia, pero no pudo acceder a ella ya que, según el Consistorio, se ha perdido. Los vecinos afectados de Puig d'es Molins también solicitaron el pasado día 8 de mayo la citada licencia. Para Joan Buades, esta primera licencia, que fue renovada en 1998, «es clave» porque podría incluir una cláusula de caducidad que demostraría que «quiénes la hayan firmado habrían incurrido en un delito de prevaricación» .

Por su parte, la consellera de Cultura Fanny Tur, recordó ayer a Buades que la presidenta del Consell ya firmó un decreto para paralizar las obras en enero. «Buades pide ahora una cosa que ya está hecha. Nadie ha construido porque la presidenta ordenó la paralización de las obras en enero», subrayó. Costa paralizó entonces las obras porque el proyecto afectaba el área de protección del molino de 25 metros acordada por la Comisión.

El 22 de abril la Comisión revocó este acuerdo en base a tres informes técnicos. Uno de ellos, realizado por el técnico en arqueología del Consell, Joan Ramón, justificaba el mantenimiento del área de protección en 25 metros, mientras que otro incluido en el expediente emitido por el arquitecto Lluís Gascon (y no el representente del Colegio de Arquitectos, Xavier Planas, como informaba erróneamente ayer este periódico) apuntaba la conveniencia de reducir el blindaje de la torre.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, Lurdes Costa, y otros tres miembros de la Comisión de Patrimonio votaron a favor de reducir el área de protección, tal y como publicaba ayer este periódico. El Ayuntamiento, sin embargo, denunció en un comunicado que se ha hecho «un uso falso y demagógico» del voto de la edil, que «votó lo que entendía que estaba justificado en función de los informes técnicos disponibles y no lo que le gustaba más».