El Pacte de Sant Josep avisa de que la venta de suelo público propuesta es ilegal

El PP desestima una moción para dar marcha atrás a la transacción de un terreno en Punta Pedrera

EUGENIO RODRÍGUEZ29/05/02 0:00

EUGENIO RODRIGUEZ El Pacte ve intereses ocultos del Ayuntamiento de Sant Josep en la venta de suelo público en la urbanización de Punta Pedrera, en Sant Agustí, y advierte de que esta transacción es ilegal ya que la ley establece que las operaciones de bienes patrimoniales deben hacerse a través de subasta pública. El Ayuntamiento acordó en 1990 vender el 10 por ciento de los terrenos públicos que le correspondían por el proyecto de Compensación del Sector 5.4 de las Normas Subsidarias (la urbanización de Punta sa Pedrera) por 57 millones de pesetas.

Sin embargo, ésta nunca se hizo efectiva. La promotora inicial traspasó los derechos a otra que ahora (doce años después) reclama la compra de este terreno formado por tres solares (4.003, 692 y 792 metros cuadrados), que en este momento el Ayuntamiento valora en 143 millones de pesetas. El equipo de gobierno echó por tierra ayer en el pleno una moción del Pacte para conservar este terreno de propiedad municipal. «Lo único que hacemos es cumplir el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en 1990», justificó el edil de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes.

El concejal del Pacte Josep Antoni Prats acusó al Partido Popular de vender el patrimonio del municipio como si fuera de su propiedad. «Les da igual mantenerlo. Lo tratan como su propio corralito, sin tener en cuenta que pertenece al pueblo», denunció el concejal de la oposición, que apuntó que dentro de unos años seguramente hará falta disponer de suelo público en la zona para dotarla de algún servicio. Por su parte, el edil de Urbanismo respondió: «El Ayuntamiento no es una inmobiliaria y, además, estamos ganando patrimonio. Si vendemos éste terreno es para comprar otro en una zona donde es más necesario».

El Pacte se cuestiona por qué resucita ahora este proyecto. «¿A quién beneficia?», lanzó Prats, seguido de una batería de preguntas sobre los intereses que supuestamente esconde el Ayuntamiento: «¿Por qué estos terrenos no figuran en el catñalogo de bienes del Ayuntamiento?, ¿Por qué Fernández Castro [redactor de las Normas Subsidarias] redacta todos los proyectos técnicos de esta urbanización en nombre de las propias promotoras? Removeremos papeles para averiguarlo y nos reservamos el derecho de la vía judicial si descubrimos que alguien saca provecho», advirtió Prats, que pidió infructuosamente que la moción se votara nominalmente.