EUGENIO RODRÍGUEZ29/05/02 0:00
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EUGENIO RODRIGUEZ El Ayuntamiento de Sant Josep agotará todas las vías para recurrir la sanción de 190.000 euros (31 millones de pesetas) que le ha impuesto el Consell Insular al permitir la construcción de dos fases de un bloque de viviendas adosadas que se encuentra dentro del radio de protección (250 metros) de la iglesia de Sant Jordi, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo confirmó ayer el alcalde de la localidad, José Serra Escandell. «Ante este abuso de poder recurriremos ante las instancias que permita la ley. La sanción es desproporcionada y está fuera de lugar».

El Ayuntamiento dio licencia de obra a la promotora sin el preceptivo permiso de la Comisión Insular de Patrimonio. José Serra Escandell, sin embargo, apunta en su defensa que el Consell Insular concedió la cédula de habitabilidad a la promoción. «A nosotros nos multan por conceder el permiso de construcción, pero el mismo Consell admite su legalidad, aprobando las cédulas de habitabilidad, aunque después digan que una cosa no tiene nada que ver con la otra», dijo el primer edil.

El alcalde ve en la decición de la máxima institución insular una «clara persecución a los Ayuntamientos de la isla gobernados por el PP». «Lo más grave, no obstante, es que se castiga a los ciudadanosde Sant Josep sólo porque el municipio está gobernado por el PP», añadió Serra Escandell. El equipo de gobierno mantiene, por otra parte, que esta actitud «autoritaria» y «prepotente» no fomenta las buena relación entre el Consell Insular y los Ayuntamientos. «Al final quien pierde es el ciudadano pues las sanciones económicas que haya que satisfacer salen del erario público, de los ingresos que generan los tributos que pagan los habitantes del municipio», subraya.