El Ayuntamiento de Sant Josep agotará todas las vías para recurrir
la sanción de 190.000 euros (31 millones de pesetas) que le ha
impuesto el Consell Insular al permitir la construcción de dos
fases de un bloque de viviendas adosadas que se encuentra dentro
del radio de protección (250 metros) de la iglesia de Sant Jordi,
declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo confirmó ayer el
alcalde de la localidad, José Serra Escandell. «Ante este abuso de
poder recurriremos ante las instancias que permita la ley. La
sanción es desproporcionada y está fuera de lugar».
El Ayuntamiento dio licencia de obra a la promotora sin el
preceptivo permiso de la Comisión Insular de Patrimonio. José Serra
Escandell, sin embargo, apunta en su defensa que el Consell Insular
concedió la cédula de habitabilidad a la promoción. «A nosotros nos
multan por conceder el permiso de construcción, pero el mismo
Consell admite su legalidad, aprobando las cédulas de
habitabilidad, aunque después digan que una cosa no tiene nada que
ver con la otra», dijo el primer edil.
El alcalde ve en la decición de la máxima institución insular
una «clara persecución a los Ayuntamientos de la isla gobernados
por el PP». «Lo más grave, no obstante, es que se castiga a los
ciudadanosde Sant Josep sólo porque el municipio está gobernado por
el PP», añadió Serra Escandell. El equipo de gobierno mantiene, por
otra parte, que esta actitud «autoritaria» y «prepotente» no
fomenta las buena relación entre el Consell Insular y los
Ayuntamientos. «Al final quien pierde es el ciudadano pues las
sanciones económicas que haya que satisfacer salen del erario
público, de los ingresos que generan los tributos que pagan los
habitantes del municipio», subraya.
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