El fiscal del «caso Bitel» se opone en público a las órdenes de Cardenal

Textualmente dijo: «Tomo la palabra después de largos meses de silencio forzoso para insistir en que me veo obligado a confirmar el archivo por instrucción expresa de la Fiscalía General del Estado, pero en mi opinión personal, el señor Matas estaría imputado en esta causa si no tuviese la condición de aforado». Anadón contó con el apoyo tácito de todos los fiscales, entre ellos el fiscal jefe accidental, Ladislao Roig, que se turnaron en la sala. En su momento los fiscales solicitaron al fiscal general que pidiera la imputación de Matas.

Las palabras de Anadón rompieron la monotonía de los argumentos de las partes, hasta el punto de que uno de los magistrados se dirigió al abogado Rafael Perera, que defiende a la ex secretaria de Matas, Francisca Pascual, para preguntarle si quería reelaborar el contenido de sus argumentos a la vista de la exposición del fiscal. El fiscal también mencionó a Francisca Pascual y al secretario de Matas, Sebastiá Vallori como responsables de la comisión de un posible delito de revelación de secretos. Las acusaciones reiteraron sus tesis de que hubo «intencionalidad» en el 'pinchazo' al correo electrónico de Francesc Quetglas, y que, por ello, «existió un delito contra la intimidad».

Para ello, pusieron como ejemplo el documento «Bases per el Encuadrament del Pla Territorial de Mallorca» exhibido por el ex president del Govern, Jaume Matas, en una sesión del Parlament, copiado, supuestamente, del correo electrónico de Quetglas. Precisamente, el vídeo de esa sesión fue visionado por los magistrados. Perera reiteró que si llegaron dos correos al ordenador de Vallori «fue por un error humano, no intencional», y aclaró que en el fondo de los recursos «subyace la intención de perjudicar políticamente al señor Matas, que tendrá que dimitir del cargo de ministro si el Supremo le cita como imputado». La Audiencia decidirá en los próximos días si archiva el «caso Bitel» o lo eleva al Supremo.