Instituciones, partidos y colectivos empresariales expresaron ayer
su condena al ataque contra el concejal de Urbanismo de Formentera,
José Ramón Mateos, el aparejador municipal, Antonio Calvo, y los
dos policías locales que les acompañaban en el momento de ir a
precintar unas construcciones hechas sin los permisos municipales
hechas en los apartamentos «Dunas Playa», en Migjorn.
El Ayuntamiento de Formentera celebró anoche un multitudinario
pleno extraordinario en el que se aprobó una declaración en la que
se protestaba por «la actitud de menosprecio que el acto significa
para el Ayuntamiento y hacia la autoridad que representa». «Sólo el
cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés general por
encima del particular nos puede garantizar el bienestar de todos y
una convivencia en paz», recogía el texto aprobado por unanimidad.
El Consistorio, al igual que el PSOE, ha anunciado que se personará
en la causa como acusación particular para defender a los
representantes municipales agredidos.
Por su parte, el Govern balear hizo una declaración
institucional en la que destacó que «resulta del todo inadmisible
acudir a la violencia para hacer valer una opinión o expresar
discrepancia, en este o en cualquier otro caso». También hizo
patente su confianza en que «la Justicia depure las
responsabilidades penales de los autores de estos hechos
rechazables».
La presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, hizo hincapié en
la «falta de conciencia general sobre la necesidad de la aplicación
de la legalidad en temas urbanísticos». La junta de portavoces de
la institución, compuesta por representantes de los tres grupos
políticos con representación (Pacte, PP y Els Verds), consideró
«muy peligroso cualquier discurso que induzca a los ciudadanos a
desobedecer o ignorar las normas emanadas de una institución
democrática, ya que puede provocar hechos como los que han
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