El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la
ley estatal 26/95 de 31 de julio que convirtió ses Salines de
Eivissa y Formentera en Reserva Natural, al considerar que invade
las competencias autonómicas. De esta manera se da la razón al
Govern balear, que hace siete años presentó el recurso por
considerar que la ley de Reserva Natural era una intromisión del
Estado central en las competencias autonómicas en materia de medio
ambiente. Paradojas de la vida, en aquel momento los socialistas
gobernaban en Madrid, partido que junto a Izquierda Unida promovió
esa ley. El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por un
Govern a cuyo frente se encontraba el popular Gabriel Cañellas.
La consellera balear de Medi Ambient, Margalida Rosselló, que
recibió ayer la noticia, se congratuló por la sentencia,
especialmente porque en ella no se hace mención, como sí ocurrió en
el caso del parque de Santoña (Santander), a la necesidad de que el
Estado siga gestionando ese espacio hasta que la Comunitat Autònoma
establezca una figura de protección. Precisamente para no incurrir
en los errores de ese precedente, la Conselleria balear de Medi
Ambient aceleró la tramitación de la ley de protección de ses
Salines -aprobada por el Parlament el pasado 11 de diciembre- que
convertía ese espacio en Parque Natural: «Nos hemos anticipado a
una situación que veíamos que llegaría de un momento a otro»,
destacó ayer la consellera.
La consecuencia práctica inmediata es que la gestión de ses
Salines ya no será estatal, como hasta ahora, sino autonómica. «Lo
importante -dijo Rosselló- es aprobar ya el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN) para que ese espacio sea gestionado
por el Govern». El PORN será aprobado, según asegura Margalida
Rosselló, durante el mes de mayo: «Después de haberse presentado
las alegaciones y de contestarlas, estamos en los últimos trámites.
Sólo queda crear el texto definitivo y llevarlo al Consell de
Govern».
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