El equipo de gobierno del Consell Insular presentó ayer el Plan
Especial de Telefonía Móvil de Eivissa y Formentera, un texto que
se llevará al pleno del próximo lunes para ser aprobado. El texto
es «un intento de regular la ubicación e instalación de antenas de
telefonía móvil» en Eivissa y Formentera, según la presidenta del
Consell, Pilar Costa, que indicó ayer que hay que reaccionar ante
el vacío legal en torno a este servicio.
Prueba de la falta de sistemas de control efectivos al respecto
es que tan solo una antena de telefonía móvil en todo el territorio
de Eivissa y Formentera (situada en Sant Josep) cuenta con todos
los permisos de instalación. El resto, 104 antenas, se encuentran
en diferentes situaciones aunque con una aplastante mayoría que no
tiene ningún permiso.
La presidenta y la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur,
explicaron ayer a alcaldes y representantes de los municipios de
las islas los artículos que contiene el plan que estará en vigor de
manera indefinida una vez superado el período de alegaciones. Una
de las medidas más ambiciosas del plan es que se da un plazo de
seis meses para que los operadores legalicen la situación de las
antenas de móviles. Si en ese tiempo no ponen los medios para ello
o responden con silencio administrativo a este requerimiento se
impone otro plazo de dos meses durante el que las antenas serán
desmanteladas.
El Govern balear está pendiente de la redacción de un Plan
Director Sectorial de Telecomunicaciones. El plan del Consell
deberá adaptar su contenido al texto del Govern una vez que se
apruebe aunque seguirá en vigor. Costa señaló que el plan surge por
«la preocupación e interés» del Consell en «marcar toda una serie
de directrices y pautas en este sector». El plan especial cuenta
con 29 artículos en los que se desarrollan desde las zonas de
protección a las licencias municipales. El marco legal es complejo
porque en telefonía inciden todas las administraciones desde la
central al Govern (Conselleria d'Innovació i Energia (que acaba de
aprobar una norma territorial cautelar que afecta a telefonía
móvil), el Consell y, sobre todo, los ayuntamientos, que son las
instituciones que finalmente conceden las licencias.
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