El Ayuntamiento de Eivissa ha anunciado que hará llegar un
requerimiento, con el fin de que abandonen su protesta, a los dos
propietarios de pisos en el edificio dañado por el desplome del
bloque Barceló. Los dos vecinos han ocupado sus viviendas para
presionar sobre la resolución del caso, que lleva casi quince meses
en los juzgados. Así, el derrumbe de Barceló se produjo en enero de
2001. El inmueble contiguo quedó dañado en su estructura y afectado
por un expediente de desalojo tras decretarse su ruina.
El Ayuntamiento de Eivissa pondrá en conocimiento a los juzgados
de la situación de los dos vecinos si no abandonan su protesta. Por
otro lado, el Consistorio ha dado un mes de prórroga a los
propietarios para que presenten el proyecto de derribo, paso
preciso para demoler el bloque.
Por su parte, un portavoz autorizado por el colectivo de
propietarios afectados, señaló ayer que el caso está todavía en
período de instrucción, por lo que la depuración de las posibles
responsabilidades o indemnizaciones que recaigan sobre la empresa
propietaria y constructora del bloque desplomado (Barceló y Saguri)
va «para muy largo». Como solución se planteó un posible acuerdo
previo con las empresas «que parece totalmente imposible hoy por
hoy», a juicio del portavoz.
Otra queja por parte del colectivo de propietarios es que el
Ayuntamiento «se ha cerrado en banda por completo a la hora de
atender a los afectados». El portavoz cree que el Consistorio es
responsable porque «una obra ilegal "supuesta causa del desplome de
Barceló" se estaba realizando dentro de su término municipal y no
se paralizó». Por otro lado, consideran que Servicios Sociales
podrían articular «alguna medida para una gente que nunca ha pedido
dinero», pero que ahora «se encuentra en una situación muy
complicada, desesperada».
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