El Consell expropiará el vertedero si Herbusa no se lo vende antes de julio

El Plan Director de Residuos de las Pitiüses obliga a la institución a adecuar esa instalación antes de diciembre de 2003. Si la empresa no le vende el terreno, el Consell iniciará la expropiación urgente

Llegan los contenedores de envases ligeros. Foto: KIKE TABERNER

JOSÉ MIGUEL ROMERO07/04/02 0:00

El Consell quiere tener claro antes de que acabe el mes de junio si la empresa Herbusa está dispuesta a vender el terreno donde se ubica el vertedero de Ca na Putxa. En caso contrario, se iniciará un proceso de expropiación que, al tratarse de un servicio público de extrema necesidad, no sería tan largo como es habitual. La consellera insular de Medi Ambient, Fanny Tur, advirtió ayer de que «en el primer semestre del año la titularidad del vertedero deberá estar clara», para así comenzar a trabajar en el acondicionamiento del basurero, cuya situación llevó el año pasado a la Comisión Europea a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El pliego de prescripciones técnicas para la adecuación de esa instalación estará listo antes de finales de este mes. Según se recoge en el Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos Urbanos de las Pitiüses (PDSRSU), el plazo para acondicionar el vertedero expira en diciembre de 2003, de ahí la celeridad que ha imprimido la institución a este asunto para que el terreno de Ca na Putxa pase cuanto antes a ser de titularidad pública. Entre las intervenciones que se llevarán a cabo destacan la instalación de plantas de compostaje y biometanización, así como el sellado de un sector para evitar que prosiga la contaminación del subsuelo.

El Consell podría ejecutar la adecuación del vertedero de Roca Llisa «de forma subsidiaria» y, posteriormente, pasar la cuenta de los gastos «a los responsables», según se establece en la disposición transitoria segunda del PDSRSU. El «responsable» que en la práctica podría hacerse cargo de la factura de la adecuación es la empresa Herbusa, propietaria de los terrenos donde desde los años sesenta se vierten los restos que generan los ibicencos. El basurero carece de permisos y se encuentra en situación de «clandestinidad», según el PDSRSU.