La Oficina de Extranjería de Palma tiene fijado el próximo 31 de
marzo como fecha límite para finalizar con la regularización de
todos los expedientes de los inmigrantes que se acogieron a la
tramitación marcada con la entrada en vigor de la Ley de
Extranjería. Este tope afecta a alrededor de 600 expedientes que
fueron tramitados desde Eivissa antes del 1 de agosto de 2001.
Saber en que situación se encontraban era el objetivo de la
Plataforma por la Convivencia, que ayer se reunió con la directora
insular de la administración del Estado, Marienna Sánchez Jauregui.
Precisamente, la preocupación de los integrantes de la
plataforma por el retraso acumulado en la regularización de los
expedientes fue el tema central de una reunión con la cual los
distintos colectivos aseguraron estar «satisfechos». La
representante del Centro de Información al Trabajador Extranjero
(CITE), Carmen Duarte, explicó que, en un principio, «parecía que
los expedientes se estaban resolviendo demasiado lentamente». «La
tramitación era más rápida para los de Mallorca, pero desde la
Dirección Insular se nos ha aclarado que no se trata de ninguna
preferencia política ni territorial, sino que ese es el orden en
que se han tratado aunque se había acordado que se tramitarían por
orden de llegada».
Duarte aseguró que los colectivos que integran la plataforma
esperarán al 31 de marzo y después cuentan con el compromiso de que
la «Dirección Insular colabore esclareciendo los que se hayan
quedado pendientes, porque les falten datos, tengan el domicilio
mal o no estén bien presentados». «Por otra parte, debo decir que
desde CITE estamos contentos con el resultado de esta reunión y el
acuerdo alcanzado. Además, nos gustaría que en el futuro hubiese un
diálogo más fluido con comisaría».
Por su parte, la directora insular, Marienna Sánchez Jauregui, y
en relación a otro de los puntos tratados, como es el de la presión
policial sobre los inmigrantes por el hecho de serlo, explicó que
no existía «una persecución especial». «En la reunión ha estado
presente el inspector responsable de extranjería y nos ha
confirmado que no existe orden ni circular alguna que obligue a
ejercer una presión especial sobre este colectivo. Ni siquiera
están llevando a cabo actuaciones especialmente destinadas a
detectar inmigrantes ilegales», aclaró.
Por otra parte, la representante del grupo Justicia y Paz,
Cristina Molina, trató el problema de la incoación de expedientes
de expulsión a extranjeros (unos 22 hasta el momento). «El
inspector ha explicado que la mayoría, a no ser que se trate de una
actuación motivada por algún delito, se deben a que los inmigrantes
acuden a comisaría para ejercer su derecho a poner una denuncia o
reclamar cualquier cosa. En esos casos y si se comprueba su
situación ilegal, se incoa el expediente. Y nos han explicado que
esta situación se puede evitar poniendo las denuncias en el juzgado
de guardia o a través de internet».
A partir de ahora habrá dos reuniones por
año
Entre otras cosas, en la reunión mantenida ayer por la Plataforma
por la Convivencia y la directora insular de la administración del
Estado, Marienna Sánchez Jauregui, se acordó que en el futuro estas
reuniones se realizarían con una periodicidad semestral, una en
mayo y la otra en el mes de noviembre. El objetivo de esta
periodicidad es que se puedan tratar los temas con mayor fluidez y
en caso de que haya algún problema puntual o de especial atención
de ambas partes se podrán convocar otras reuniones.
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