La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno
de Palma, María Àngeles Berrocal, se hará cargo del contencioso
interpuesto por el Pacte de Sant Josep contra el Ayuntamiento para
que éste explique por qué una simple licencia de obra menor bastó
al alcalde, José Serra Escandell, para ampliar una nave industrial
de su propiedad.
La juez es de sobras conocida por el equipo de Gobierno, ya que
ha sido la autora de la reciente sentencia del caso Pimar, en la
que Berrocal acusó al Consistorio de haber querido dar «apariencia
de legalidad a unas obras de edificación, reforma y cambio de uso
[de unos apartamentos] que en modo alguno caben en los estrechos
márgenes de las licencias de obra menor».
Según se arguye desde el Consistorio, la licencia dada al
alcalde sirvió para construir un simple cobertizo. El pasado lunes
el Pacte pidió por escrito al Ayuntamiento la demolición de lo
construido «al exceder de la concepción de licencia de obra menor y
no ser la obra en modo alguno legalizable al incumplir la normativa
urbanística».
Precisamente, en el caso Pimar la magistrado apreció «temeridad»
en la actuación del Consistorio, por lo que le condenó a pagar las
costas procesales, y calificó de «increíbles» los informes
elaborados por los técnicos de la institución a la hora de informar
favorablemente como obra menor en suelo urbano la ampliación
llevada a cabo en los apartamentos.
El hecho de que el caso haya caído en manos de esa juez ha sido
acogido con satisfacción por los progresistas, al entender que
pocos magistrados se han expresado con tanta contundencia a la hora
de juzgar al Ayuntamiento de Sant Josep y porque el caso, según
aducen, es muy similar al de los apartamentos Pimar.
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