El PP acusa al Pacte de Eivissa de hacer contrataciones encubiertas

El arquitecto Ruiz Checa tiene un lugar reservado en el departamento de obras y un horario establecido

21/10/01 0:00

J. M. P. El grupo popular del Ayuntamiento de Eivissa acusa al equipo de gobierno del Pacte Progressista de realizar un fraude de ley al considerar que se ha realizado una contratación laboral encubierta cuando se suscribieron los servicios del arquitecto valenciano José Ramón Ruiz Checa. Según aseguran, el hecho de que éste tenga asignado un espacio determinado en el departamento de obras y el horario establecido en su contrato (35 horas semanales de lunes a viernes y de 8'00 de la mañana a las tres de la tarde) son evidencias de que se ha establecido una vinculación laboral y no una contratación de servicios, a pesar de que Ruiz Checa figura como autónomo y está dado de alta fiscalmente e inscrito en la Seguridad Social.

En opinión del grupo popular, esta persona ha sido elegida «a dedo» y sin que en su contratación hayan concurrido los requisitos de publicidad, mérito y capacidad que deben regir los actos de la administración pública al utilizar una estratagema: que la partida económica que se destina sea inferior a dos millones de pesetas. En el caso del arquitecto valenciano, el importe total asciende a 1.885.000 pesetas, lo que significa que cobrará, IVA incluido, 628.332 pesetas por cada uno de los tres meses que se supone que debía presentar servicio.

Al margen de sus méritos (pese a sus 29 años de edad ha participado en varios proyectos del gabinete de Santiago Calatrava, entre ellos el proyecto de ejecución del Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia), los populares critican la forma en la que el concejal que refrenda su contratación, Joan Bonet, ha evitado someterse al proceso legal establecido. También entienden que, puesto que sus funciones debían haber acabado a fecha 2 de octubre y esta misma semana estaba trabajando en su mesa, se ha debido proceder a una nueva contratación Esto haría que la cuantía de sus servicios superaran los dos millones que la ley marca como límite para que sea obligatorio el concurso público. Asimismo, critican que la memoria no sea más explícita sobre a qué otros profesionales se han realizado entrevistas antes de que se decantaran por Ruiz Checa.

Por su parte, Bonet justifica la necesidad de un arquitecto que elabore proyectos técnicos municipales y asesore al área de urbanismo en que «cada vez es mayor el número de proyectos y obras que acomete el Ayuntamiento y que en numerosas ocasiones, debido a la sobrecarga de trabajo del personal técnico municipal, deben ser encargados a técnicos ajenos (...), con el consiguiente coste económico para la Corporación». El grupo municipal popular cree, además, que el arquitecto está realizando funciones que no le corresponden, porque, al no ser funcionario su firma no sirve para dar validez a ningún documento oficial de la institución. También recuerda que ha sido él el que informó el proyecto de la promoción «Arabella».