El nuevo impuesto, el primero de sus características aprobado en
España, fue defendido por los grupos de izquierdas y nacionalistas
que apoyan al Govern balear como la única alternativa para lograr
recursos económicos con los que compensar el sobrecoste que supone
para la Comunidad recibir cada año diez millones de turistas. Por
contra, el grupo popular defendió que la implantación de este
gravamen «injusto, discriminatorio y arbitrario» incidirá
negativamente en la competitividad del principal sector productivo
del archipiélago.
La normativa promovida por el Govern balear supondrá que, seis
meses después de su publicación en el boletín oficial de la
Comunidad, todos los turistas mayores de 12 años que no viajen
gracias a programas sociales subvencionados y que se alojen en
establecimientos turísticos pagarán una media de un euro diario,
obligación cuyo cumplimiento deberán garantizar los hoteleros.
El portavoz adjunto del Partido Popular, Joan Flaquer, recordó
que el presidente del Govern, Francesc Antich, aseguró en su
investidura que aprobaría esta ley con el consenso del sector y le
reprochó que, como le ha ocurrido en sus relaciones con otros
grupos económicos, no haya logrado un acuerdo con los empresarios.
Flaquer vaticinó que la pérdida de competitividad del turismo
balear que ocasionará el nuevo impuesto provocará además una
reducción de los puestos de trabajo, por lo que calificó el
proyecto de «descabellado». Asimismo, consideró que el impuesto es
«discriminatorio», porque «sólo afecta a un subsector del turismo»
como es el negocio hotelero, mientras que no incide en la
desaparición de una bolsa de alojamientos ilegales que supone un
fraude fiscal anual estimado de 10.000 millones de pesetas. «El
camino adecuado era intentar recuperar parte del dinero que se va a
Madrid y no vuelve», afirmó el portavoz popular, que solicitó al
Govern que retirase el proyecto y que aceptase el apoyo de la
oposición para negociar con el Gobierno un sistema de financiación
«más justo» para el archipiélago.
El diputado socialista Antoni Diéguez recordó que la finalidad
de la ecotasa es dotar de recursos el Fondo de Rehabilitación de
Espacios Turísticos y Naturales creado a finales de 1999, para el
que el Govern no ha logrado ninguna aportación estatal a pesar de
sus reiteradas demandas. Diéguez acusó al PP de bloquear el
desarrollo del Régimen Especial de Baleares (REB), de mantener una
financiación insuficiente para la Comunidad, de impedir que el
impuesto se cobrase en los aeropuertos para poder aplicarlo a todos
los turistas y de ir en contra de la opinión de su electorado, que,
según una encuesta del Govern, apoya mayoritariamente la
ecotasa
El parlamentario del PSM Cecili Buele indicó que Baleares sufre una
«ahogamiento económico» por parte del Estado que, debido a la
coincidencia general en la necesidad de proteger el medio ambiente,
ha llevado al Govern a buscar fuentes de financiación basándose en
el principio de corresponsabilidad fiscal.
El portavoz del grupo de EU-EV, Miquel Ramón, criticó al PP y al
sector hotelero por no haber presentado alternativas para obtener
fondos para la rehabilitación medioambiental y subrayó que, por
primera vez, el empresariado no dicta la política turística del
Ejecutivo balear.
El diputado de Els Verds de Ibiza, Joan Buades, lamentó que la
ecotasa no se plantee como una herramienta para reducir la
afluencia turística, pero celebró que en Baleares se avance hacia
una «fiscalidad medioambiental».
A la conclusión del pleno, que rechazó las 25 enmiendas del PP y
aprobó la ley por 31 votos a favor frente a 26 en contra, el
presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas,
tachó en los pasillos de la Cámara el debate de «patético» y señaló
que los hoteleros se habían sentido insultados por el tono de
algunas intervenciones.
El no de los hoteleros
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera mallorquina,
Pere Cañellas, arropado por todo el sector empresarial balear, a
excepción de la PIMEM y sindicatos, mostraba ayer su total rechazo
del proyecto de ley del impuesto turístico «por la arbitrariedad de
esta medida, sobre la cual, vista la actitud del Govern, solamente
cabe el recurso vía tribunales de justicia. Es por ello que vamos a
pedir al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Comercio,
Rodrigo Rato, para que lleve esta ley, que será aprobada mañana
(por hoy) en el Parlament, al Consejo de Ministros con el fin de
que el Gobierno central impulse un recurso de
inconstitucionalidad».
Cañellas, ante la atenta mirada de los representantes
empresariales y del sector turístico, anunció que iban a recomendar
«a todos nuestros asociados que presenten recursos contenciosos
administrativos por inconstitucionalidad. Todo esto no es más que
el colofón de la historia de un atropello político en el que nos
sentimos engañados por el presidente del Govern, Francesc Antich, y
el conseller de Turisme, Celestí Alomar». Tras poner de manifiesto
la actitud del Govern, «nunca hemos visto una voluntad clara de
llegar a acuerdos, sino de crear un clima dócil para la aprobación
parlamentaria de la ecotasa, de ahí que no queremos ser utilizados
más políticamente por el Govern».
El presidente de la patronal hotelera de las zonas turísticas
españolas Zontur, José Guillermo Díaz Montañés, manifestó su total
apoyo a la Federación Hotelera de Mallorca, «estamos en contra de
la aplicación de la ecotasa, por lo que daremos todo nuestro apoyo
a todas las iniciativas que haga la patronal hotelera mallorquina
para evitar que se aplique en las Islas».
Dentro de los considerandos de todo lo que había acontecido
durante el último año y medio en relación con la ecotasa, Cañellas
recordó que cuando este proyecto aún estaba por definir el
presidente del Govern, Francesc Antich, «se comprometió a no
aprobarlo sin contar con el consenso del sector turístico, pero
después, a raíz de una crisis del Ejecutivo, asumió la ecotasa como
bandera política».
En su opinión, el Govern presentó el impuesto turístico a la
opinión pública con una «gran campaña mediática en la que resaltaba
el apoyo social a la medida basado en una encuesta viciada, a pesar
de lo cual todas las organizaciones empresariales, excepto las
pymes, mantuvieron su oposición al proyecto, cuando lo lógico es
que hubiera remitido el proyecto de ley a la consideración del
Consell Consultiu. Además, ha hecho caso omiso a los informes
jurídicos y nunca ha negociado el borrador».
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