La sede de la Federación Hotelera de Mallorca se convirtió ayer en un auténtico foro reivindicador. Foto: PERE BOTA.

PALMA. EFE.
El pleno del Parlament balear aprobó hoy, con la oposición del grupo del PP, la Ley del Impuesto sobre Estancias en Empresas de Alojamiento Turístico, conocido como ecotasa y destinado a la dotación de proyectos de rehabilitación de zonas turísticas y espacios naturales.

El nuevo impuesto, el primero de sus características aprobado en España, fue defendido por los grupos de izquierdas y nacionalistas que apoyan al Govern balear como la única alternativa para lograr recursos económicos con los que compensar el sobrecoste que supone para la Comunidad recibir cada año diez millones de turistas. Por contra, el grupo popular defendió que la implantación de este gravamen «injusto, discriminatorio y arbitrario» incidirá negativamente en la competitividad del principal sector productivo del archipiélago.

La normativa promovida por el Govern balear supondrá que, seis meses después de su publicación en el boletín oficial de la Comunidad, todos los turistas mayores de 12 años que no viajen gracias a programas sociales subvencionados y que se alojen en establecimientos turísticos pagarán una media de un euro diario, obligación cuyo cumplimiento deberán garantizar los hoteleros.

El portavoz adjunto del Partido Popular, Joan Flaquer, recordó que el presidente del Govern, Francesc Antich, aseguró en su investidura que aprobaría esta ley con el consenso del sector y le reprochó que, como le ha ocurrido en sus relaciones con otros grupos económicos, no haya logrado un acuerdo con los empresarios. Flaquer vaticinó que la pérdida de competitividad del turismo balear que ocasionará el nuevo impuesto provocará además una reducción de los puestos de trabajo, por lo que calificó el proyecto de «descabellado». Asimismo, consideró que el impuesto es «discriminatorio», porque «sólo afecta a un subsector del turismo» como es el negocio hotelero, mientras que no incide en la desaparición de una bolsa de alojamientos ilegales que supone un fraude fiscal anual estimado de 10.000 millones de pesetas. «El camino adecuado era intentar recuperar parte del dinero que se va a Madrid y no vuelve», afirmó el portavoz popular, que solicitó al Govern que retirase el proyecto y que aceptase el apoyo de la oposición para negociar con el Gobierno un sistema de financiación «más justo» para el archipiélago.

El diputado socialista Antoni Diéguez recordó que la finalidad de la ecotasa es dotar de recursos el Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos y Naturales creado a finales de 1999, para el que el Govern no ha logrado ninguna aportación estatal a pesar de sus reiteradas demandas. Diéguez acusó al PP de bloquear el desarrollo del Régimen Especial de Baleares (REB), de mantener una financiación insuficiente para la Comunidad, de impedir que el impuesto se cobrase en los aeropuertos para poder aplicarlo a todos los turistas y de ir en contra de la opinión de su electorado, que, según una encuesta del Govern, apoya mayoritariamente la ecotasa
El parlamentario del PSM Cecili Buele indicó que Baleares sufre una «ahogamiento económico» por parte del Estado que, debido a la coincidencia general en la necesidad de proteger el medio ambiente, ha llevado al Govern a buscar fuentes de financiación basándose en el principio de corresponsabilidad fiscal.

El portavoz del grupo de EU-EV, Miquel Ramón, criticó al PP y al sector hotelero por no haber presentado alternativas para obtener fondos para la rehabilitación medioambiental y subrayó que, por primera vez, el empresariado no dicta la política turística del Ejecutivo balear.

El diputado de Els Verds de Ibiza, Joan Buades, lamentó que la ecotasa no se plantee como una herramienta para reducir la afluencia turística, pero celebró que en Baleares se avance hacia una «fiscalidad medioambiental».

A la conclusión del pleno, que rechazó las 25 enmiendas del PP y aprobó la ley por 31 votos a favor frente a 26 en contra, el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas, tachó en los pasillos de la Cámara el debate de «patético» y señaló que los hoteleros se habían sentido insultados por el tono de algunas intervenciones.

El no de los hoteleros
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera mallorquina, Pere Cañellas, arropado por todo el sector empresarial balear, a excepción de la PIMEM y sindicatos, mostraba ayer su total rechazo del proyecto de ley del impuesto turístico «por la arbitrariedad de esta medida, sobre la cual, vista la actitud del Govern, solamente cabe el recurso vía tribunales de justicia. Es por ello que vamos a pedir al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Comercio, Rodrigo Rato, para que lleve esta ley, que será aprobada mañana (por hoy) en el Parlament, al Consejo de Ministros con el fin de que el Gobierno central impulse un recurso de inconstitucionalidad».

Cañellas, ante la atenta mirada de los representantes empresariales y del sector turístico, anunció que iban a recomendar «a todos nuestros asociados que presenten recursos contenciosos administrativos por inconstitucionalidad. Todo esto no es más que el colofón de la historia de un atropello político en el que nos sentimos engañados por el presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Turisme, Celestí Alomar». Tras poner de manifiesto la actitud del Govern, «nunca hemos visto una voluntad clara de llegar a acuerdos, sino de crear un clima dócil para la aprobación parlamentaria de la ecotasa, de ahí que no queremos ser utilizados más políticamente por el Govern».

El presidente de la patronal hotelera de las zonas turísticas españolas Zontur, José Guillermo Díaz Montañés, manifestó su total apoyo a la Federación Hotelera de Mallorca, «estamos en contra de la aplicación de la ecotasa, por lo que daremos todo nuestro apoyo a todas las iniciativas que haga la patronal hotelera mallorquina para evitar que se aplique en las Islas».

Dentro de los considerandos de todo lo que había acontecido durante el último año y medio en relación con la ecotasa, Cañellas recordó que cuando este proyecto aún estaba por definir el presidente del Govern, Francesc Antich, «se comprometió a no aprobarlo sin contar con el consenso del sector turístico, pero después, a raíz de una crisis del Ejecutivo, asumió la ecotasa como bandera política».

En su opinión, el Govern presentó el impuesto turístico a la opinión pública con una «gran campaña mediática en la que resaltaba el apoyo social a la medida basado en una encuesta viciada, a pesar de lo cual todas las organizaciones empresariales, excepto las pymes, mantuvieron su oposición al proyecto, cuando lo lógico es que hubiera remitido el proyecto de ley a la consideración del Consell Consultiu. Además, ha hecho caso omiso a los informes jurídicos y nunca ha negociado el borrador».