El conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Antoni
Garcías, negó ayer en el Parlament que el Ejecutivo autonómico haya
pactado, verbalmente o por escrito, con el Consell Insular pitiuso
cómo se hará frente a las posibles indemnizaciones económicas que
se deriven de la aplicación de la moratoria urbanística.
Garcías, que fue preguntado por esta cuestión por el diputado
autonómico del PP Josep Juan Cardona, reconoció que esta cuestión
se había hablado con la presidenta del Consell, Pilar Costa, pero
dijo que no hay «ningún acuerdo cerrado». Entre otras cosas, añadió
el conseller, porque se trata de una cosa «intangible». Garcías
explicó que no hay ninguna previsión sobre la cantidad de dinero
que puede tener que pagarse a propietarios de terrenos afectados
por la Norma Territorial Cautelar, por lo que insistió en que no
puede existir ningún acuerdo sobre quién abonaría dicha
cantidad.
Juan Cardona dijo que se «temía» esa respuesta, pero añadió que
la presidenta sí había aludido en declaraciones públicas a la
posibilidad de que el Govern, que es quien tiene las competencias
en materia urbanística, ayudara al Consell Insular a asumir los
futuros costes de la moratoria. Según Juan Cardona, las
instituciones gobernadas por el Pacte se están pasando «la
responsabilidad de unas a otras» y están, además, encubriendo
«acciones de dudosa legalidad». Según el parlamentario popular,
está claro que habrá que pagar puesto que tanto el informe jurídico
encargado por el Consell como el realizado por el Govern contemplan
esa posibilidad.
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